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Xalapa, Ver.-
El martes el Senado de la República formuló la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de feminicidio, luego de que fue aprobada por 27 congresos locales y la remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, resaltó que la reforma permite al Congreso de la Unión expedir una ley general para fortalecer la prevención, investigación, sanción y reparación del delito de feminicidio, uno de los crímenes más dolorosos y graves que afecta de manera estructural a la sociedad. Al respecto, en uno de sus artículos transitorios, la reforma otorga al Senado y a la Cámara de Diputados un plazo de 180 días para expedir una Ley General contra los crímenes de género, en la que se establezcan tipos penales y sanciones homologadas en todo el país para este delito. La senadora Castillo Juárez expuso que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2025 se registraron 721 víctimas de feminicidio en México, aunque el número podría ser mayor. Detalló que durante el primer trimestre de 2026 se han registrado 148 feminicidios a nivel nacional, un crimen que “es la manifestación más extrema de los actos sistemáticos de violencia contra las mujeres y las niñas”. Con la nueva ley se unificarán criterios en todo el país y se estandarizarán investigaciones, con el fin de proteger la vida, dignidad y seguridad de mujeres y niñas. “Definitivamente es tiempo de mujeres”, agrega. Por su parte, la senadora de Morena, Nora Rubalcava, resaltó la igualdad de género como principio rector, ya que, señaló, “no basta con reconocer la violencia estructural, es necesario desmontarla en la práctica institucional”, objetivo al que se enfoca la reforma. La justicia, refrendó, “no puede ser neutral frente a la desigualdad, debe ser transformadora”. Añadió que el debido proceso es garantía de legitimidad: cada investigación debe ser sólida, cada prueba recabada con rigor y cada sentencia dictada con apego a la ley. El Senado validó la constitucionalidad de la reforma con el voto aprobatorio de los congresos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
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