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| Familia de profesor del IPN, fallecido en accidente automovilístico en 2022, denuncia negligencia y omisiones. | ||||||
| El percance ocurrió en la carretera México-Veracruz, cuando regresaba de Ejutla de Crespo, Oaxaca, a la Ciudad de México. Con él viajaban tres alumnos y Miguel Ángel García Jasso, personal de Apoyo y Asistencia a la Educación de la Unidad Profesional Interdisciplinarias de Biotecnología (Upibi) del IPN, quien conducía la camioneta y también perdió la vida. | ||||||
| Martes 28 de Abril de 2026 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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El percance ocurrió en la carretera México-Veracruz, cuando regresaba de Ejutla de Crespo, Oaxaca, a la Ciudad de México. Con él viajaban tres alumnos y Miguel Ángel García Jasso, personal de Apoyo y Asistencia a la Educación de la Unidad Profesional Interdisciplinarias de Biotecnología (Upibi) del IPN, quien conducía la camioneta y también perdió la vida. La familia del profesor afirma que el Politécnico no se ha responsabilizado en ningún sentido y, por el contrario, los ha evitado: “se deslindaron totalmente. No ha habido justicia ni reparación del daño, incluso nos cobraron los 35 mil pesos que inicialmente nos dieron para cubrir los gastos funerarios. El día del velorio se presentaron dos personas y dejaron un número de teléfono para cualquier cosa que necesitáramos, pero nunca contestaron”. De acuerdo con Anselmo, el chofer se quedó dormido a la altura de Guaquilpan, en Calpulalpan, Tlaxcala. El cansancio extremo de manejar más de 16 horas, prácticamente sin descanso, provocó que el vehículo se estrellara en la parte trasera de un tractocamión tipo plataforma. La carpeta de investigación número AICALP-3/671/2022 —que inició de oficio el Ministerio Público de Calpulalpan, siguió su trámite en Apizaco, regresó a Calpulalpan y luego a Apizaco—, se encuentra “extraviada” y la familia de Hugo no tiene acceso a ella desde enero del 2025. Esto, denuncian, viola su derecho humano de acceder a la justicia y sugiere la posibilidad de que se está encubriendo a los responsables. Para localizar la carpeta y continuar con las diligencias han intentado de todo: pidieron la intervención del Visitador General de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala; interpusieron una denuncia ante la Agencia Especializada en Delitos Relacionados con Servidores Públicos, adscrita a la Fiscalía de Tlaxcala; y se pidió la atracción del caso a la Fiscalía General de la República (FGR), bajo el argumento de que servidores públicos federales al servicio del IPN, actuando en el ejercicio de sus funciones, tomaron “decisiones imprudentes” que llevaron a la muerte del profesor. Nada ha prosperado. “Murieron por acatar órdenes del Politécnico” Anselmo y Josefa narran que el profesor acudió con una brigada multidisciplinaria del IPN a realizar servicio social comunitario en el municipio de Ejutla de Crespo, Oaxaca, programada del 10 al 21 de julio del 2022. Sin embargo, una de las alumnas a su cargo comenzó a presentar síntomas de COVID-19, por lo que los obligaron a él, ella y otros dos estudiantes a regresar separados del grupo la madrugada del 21 de julio. Para ello, el IPN rentó la camioneta particular Nissan Urvan con placas D32BEM y asignó a Miguel Ángel García para que condujera de ida y vuelta desde la unidad Zacatenco hacia Ejutla. Los deudos afirman que esta orden fue promovida por una persona del área de Egresados y Servicio Social del IPN y presionada por el supervisor de la brigada, cuyos nombres, por motivos de seguridad, pidieron omitir. Relatan que, según testigos, Hugo se negó a abordar el vehículo por la “impertinencia” que implicaba, e incluso sostuvo una discusión con el supervisor, pero finalmente acató las órdenes. Señalan que su presencia era “incómoda” porque rechazaba las “borracheras” que organizaba el funcionario durante las jornadas. “Son dos víctimas que solo recibieron órdenes del Politécnico y el Instituto no se ha responsabilizado. Para ellos solo fue una nómina menos, para nosotros una pérdida irreparable y mucho dolor”, expresa Anselmo. Aseguran con impotencia que estas muertes pudieron evitarse de haberse tomado decisiones prudentes que no pusieran el riesgo la vida de los brigadistas y el chofer, quien manejó de madrugada por un periodo de tiempo extenuante y violatorio de la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SCT-2-2017 que establece los tiempos de conducción y pausas para los conductores de servicios de autotransporte federal. IPN se deslinda En un intento más por hacer justicia, el 26 de marzo de este año Josefa Ramos interpuso ante el Órgano Interno de Control del IPN una denuncia de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos que resulten culpables. No han obtenido respuesta. Este diario contactó al IPN para conocer su postura. Respondieron que en su momento se pagaron “en tiempo y forma” todos los seguros a los que tenía derecho la familia. Además, afirman que la Secretaría de Innovación e Integración Social (SIS) de la institución les otorgó un apoyo extraordinario para gastos mortuorios. Por ello, aseguran, “el IPN no tiene ningún tipo de adeudo con los familiares de Hugo Amatitla Ramos, y reitera el pésame a sus deudos”. |
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