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XALAPA.- Durante los primeros 26 días de abril de 2026, el estado de Veracruz ha sido escenario de intensos operativos por parte de las autoridades federales. En este contexto, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó el aseguramiento de cantidades alarmantes de combustible robado en diversas regiones. En total, los elementos de seguridad han logrado decomisar más de 18 mil litros de gas LP y han superado los 7 mil litros de hidrocarburos convencionales. Estas acciones contundentes buscan frenar un mercado negro que no solo afecta la economía, sino que pone en riesgo mortal a las comunidades aledañas. Los cateos y operativos de inteligencia se concentraron principalmente en la zona norte y centro-sur del territorio veracruzano. Los siete municipios que encabezan esta lista de decomisos son: Pánuco, Poza Rica, Tecolutla, Carrillo Puerto, Chiconquiaco, Tuxpan y Acayucan. El combate frontal al robo de combustible, un delito conocido popularmente como huachicol, se mantiene como una prioridad absoluta de seguridad nacional. Durante estos operativos ejecutados en abril, las autoridades no solo recuperaron el producto energético, sino que también lograron la detención en flagrancia de al menos dos personas presuntamente vinculadas a estas redes criminales. Veracruz, por su vasta infraestructura, históricamente ha sido un punto estratégico para la distribución de energía en México. Sin embargo, esta misma red de ductos lo convierte en un blanco fácil para la delincuencia organizada. De acuerdo con los datos oficiales más recientes de Petróleos Mexicanos (Pemex), la entidad cerró el año 2025 ocupando el nada honroso cuarto lugar nacional en tomas clandestinas de ductos de gas LP. Por si fuera poco, el estado también se posicionó en el lugar 13 a nivel nacional en cuanto a robo de hidrocarburos líquidos. Esto explica claramente por qué la vigilancia militar y policial se ha intensificado en regiones petroleras clave como Poza Rica en el norte, y en los corredores industriales del sur, muy cerca de la zona de cobertura en Coatzacoalcos y Minatitlán. El robo de gas LP no es un delito sin víctimas. La sustracción ilegal genera un desabasto artificial y presiona los precios al consumidor final, afectando directamente el bolsillo de las familias veracruzanas. Además, la competencia desleal golpea a las empresas gaseras que operan en la legalidad y pagan sus impuestos correspondientes. Las disputas por el control de las tomas clandestinas suelen alterar la paz pública en los municipios afectados, incrementando la percepción de inseguridad entre los ciudadanos.
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