|
|
Foto:
Google .
|
Xalapa, Ver.-
En los últimos siete años México se ha convertido uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas y los defensores de derechos humanos, en ese tenor, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, instó a los tres niveles de gobierno de México a reafirmar su compromiso de trabajar con las personas que se dedican a esta actividad, luego de advertir “la compleja situación de seguridad” que enfrentan en el país. En un comunicado, indica que durante los seis años de su mandato, recibió “innumerables informes sobre graves agresiones contra personas que defienden los derechos humanos en México. Lamentablemente, persisten preocupaciones sobre la continuidad de los ataques”, expuso. Si bien reconoció avances y señaló que el gobierno ha tomado algunas medidas para combatir este fenómeno, enfatizó que los defensores continúan encarando “desafíos estructurales.’’ Lawlor exhibió como “ejemplo trágico”, el caso de Chiapas. El estado, expuso, “exhibe la variedad de riesgos y represalias” a los que se enfrentan estas personas. “Vemos cómo se entrecruzan los intereses del crimen organizado, algunas autoridades públicas, y las grandes empresas, y cómo estos intereses generan una situación de inseguridad” para ellas. Destaca los asesinatos del sacerdote indígena tsotsil padre Marcelo Pérez Pérez y el defensor maya tsotsil Simón Pedro Pérez López en 2024 y 2021, respectivamente. Asimismo, la detención presuntamente arbitraria de Versaín Velasco García; los recientes allanamientos repetidos en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; y la inseguridad grave sufrida por las madres buscadoras locales. “Los tres niveles del gobierno deben reafirmar su compromiso de trabajar con las personas defensoras y hacer frente a las causas fundamentales de la injusticia y desigualdad en la sociedad mexicana”, destaca. La relatora especial también invitó a las autoridades a explorar medidas apropiadas para quienes están detenidos de manera arbitraria en el país; a proteger y reconocer a quienes buscan a sus familiares desaparecidos y a respetar plenamente los derechos de los pueblos indígenas, incluido su derecho al consentimiento libre, previo e informado, en conformidad con el Convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo (OIT). Lawlor señala que está en contacto con el gobierno en relación con estas preocupaciones y los casos individuales mencionados.
|
