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XALAPA.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo revela que su gobierno analiza la propuesta de legisladores de Morena de aplazar la elección judicial para 2028, porque conllevaría una reforma constitucional. En conferencia mañanera fue cuestionada sobre la iniciativa de cambio a 14 artículos constitucionales hecha por legisladores del partido guinda, donde entre otras cosas se propone aplazar a 2028 las elecciones pendientes de integrantes del Poder Judicial –que debe realizarse en 2027–, a lo que respondió que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha tenido reuniones con autoridades comiciales para evaluar la posibilidad de posponer el proceso. expresó: “Lo estamos analizando. Tiene que ver con recursos. La secretaria de Gobernación ha tenido algunas reuniones con el INE. Entonces, lo estamos analizando. Tendría que haber una reforma constitucional para ello”. El pasado martes, un grupo de diputados federales de Morena presentó una iniciativa de reformas a la Constitución para cambiar al 2028 la elección del segundo paquete de juzgadores del Poder Judicial. Propuso también que sea un Comité Único de Evaluación, integrado por representantes de los tres poderes de la Unión, el que concentre la evaluación de los aspirantes y que se apliquen exámenes de conocimientos elaborados por la Escuela Nacional de Formación Judicial y aplicados por universidades públicas. La propuesta del diputado Ramírez Cuéllar plantea que la nueva elección judicial sea hasta el primer domingo de junio de 2028, y no en junio del 2027, junto a la elección federal, como está en la ley. Expone que la elección de las personas juzgadoras requiere de un entorno que privilegie la evaluación de méritos técnicos y preserve la percepción de imparcialidad del Poder Judicial, y advierte que la simultaneidad con contiendas partidistas puede desdibujar esa frontera. Lo anterior, señala, afectará la legitimidad del modelo, por lo que es importante que la elección de personas juzgadoras posea un proceso electoral propio, subraya en su exposición de motivos. También advierte que se debe evitar la concurrencia de elecciones judiciales con procesos electorales políticos, a fin de garantizar mayor deliberación pública, proteger la independencia judicial y permitir una organización electoral más ordenada y robusta. La iniciativa destaca que, para fortalecer la calidad técnica de la función de los nuevos juzgadores, se incorpora como requisito constitucional la acreditación de una certificación de competencias emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial.
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