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Xalapa, Ver.- La reforma en materia de certificación laboral en la producción agropecuaria permitirá regularizar a más de 80 por ciento de jornaleros mexicanos que no cuentan con seguridad social, en momentos que el respeto a sus derechos no es solo un imperativo ético, sino un requisito de mercado, asegura el secretario de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Jesús Cuanalo Araujo (PVEM). Aunque podría ser una ley que también se quede solo en el escrito. Luego de que este miércoles la cámara aprobó las modificaciones para que la producción agrícola no sea a costa de la deforestación, el legislador indicó que, por ejemplo, la Unión Europea ya condiciona el acceso a su mercado de productos con trazabilidad de los recursos naturales y de los derechos laborales. En entrevista, detalló que la reforma busca certificar las condiciones laborales de los jornaleros que producen alimentos de exportación, pues los consumidores nacionales y de otros países cada vez exigen más el sentido social y la sostenibilidad en los productos. Externó: “Y ahora, en vísperas de la negociación del T-MEC, debemos ser previsores, porque es muy probable que Estados Unidos va a exigir que en los productos mexicanos que exportamos estén libres de deforestación y que haya certificación de la mano de obra”. Cuanalo Araujo agregó que se trata de un punto relevante, porque “si garantizamos la trazabilidad de que respetamos los recursos naturales y mejoramos las condiciones de la mano de obra, podemos ganarle mercado internacional a otros países que no cumplan con esos estándares”. Destaca que los estados de alta producción agroindustrial y pecuaria exportan un volumen de 50 mil millones de dólares al año, pero los jornaleros “son los más pobres y muchos viven incluso en condiciones de alta pobreza o marginación”. Con la reforma, indica, se busca mejorar sus condiciones de trabajo y de vida, porque actualmente la mayoría enfrenta condiciones de informalidad, sin acceso efectivo a la seguridad social, prestaciones ni mecanismos adecuados de protección ante riesgos laborales. Además, resalta que la expansión agrícola sin regulación ha tenido costos ambientales severos para México, que registra una tasa anual de deforestación de 208 mil 850 hectáreas, y cultivos como el aguacate, el mango, el limón y la naranja han triplicado su superficie de cosecha en las tres décadas recientes. La reforma votada, comenta el legislador, incorpora un freno a la deforestación y al cambio de uso de suelo forestal no autorizado como condición para exportar.
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