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XALAPA.- En México cualquiera puede obtener una licencia federal para manejar trenes, tráileres, tractocamiones y otros vehículos pesados, bajo la “ley del moche”. Por ello Crónica realizó una investigación, donde tuvo contacto directo con al menos una docena de conductores con licencia federal obtenida mediante moches, evadiendo requerimientos normativos: todos refirieron pagos de entre 15 y 20 mil pesos, una cifra corroborada después de forma personal, durante el proceso descrito en este reportaje. Armando, otro de los operadores conocidos en la investigación, pagó 24 mil pesos. “Pero fue urgente, la necesitaba ya por una oportunidad de trabajo; al principio querían 30, porque los médicos tenían derecho a pocas citas al día y ya estaban vendidas, entonces me iban a saltar la formada. Pude negociar para que fueran 24”. Pero en general el rango fue coincidente: entre 15 y 20 mil pesos, fraccionado en dos o tres pagos: algunos entregados en efectivo y otros mediante retiros sin tarjeta en cajeros bancarios. Fue así como uno de sus reporteros se dio a la tarea de conseguir la licencia para trailero. Fue así mitad de febrero de este año, se reunió con Marcela, quien en el transcurso de la charla no dejaba de recibir llamadas relacionadas con permisos, licencias y médicos dictaminadores. No hubo explicaciones de más: sólo se le planteó la necesidad de la licencia y se acordaron términos, montos y plazos. “Podemos hacerlo directamente en la Secretaría, o con alguno de sus terceros autorizados. Las dos opciones son buenas, no hay falla. Todo lo haremos a distancia, no es necesario que te presentes a ningún lado. En un mes de la tengo”, prometió. “Una semana después se puso en contacto con este periodista, aspirante a trailero, para solicitar documentación diversa: acta de nacimiento actualizada, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, una foto frontal con fondo blanco o azul, credencial del INE y huellas dactilares sobre hojas blancas”. Incluso, envió por WhatsApp una guía para la captura de datos biométricos: la foto, se indicaba, debía ser tomada de frente, “visualizando la cabeza hacia el pecho”; las huellas, sólo de la mano derecha: dedos índice y medio; la firma, escrita con pluma en hoja blanca y, todos los documentos, enviados en formato PNG. Ante la tardanza de un par de días para el envío de lo solicitado, volvió a llamar: “Urgen los documentos, porque lo más difícil de esto es el examen médico y ya lo tenemos amarrado”. En el curso del trámite alguien en la SICT descubrió la intención previa del reportero —a finales de enero— de programar una cita para el Examen Psicofísico Integral (EPI) en la página oficial, misión frustrada en su momento por trabas burocráticas. “Tenemos un operador de usted para nuevo ingreso, sólo que en la página de citas ya está registrado y necesitamos la contraseña que puso en el registro”, fue el mensaje enviado a la gestora. Al final, el problema se solucionó. El 15 de marzo hizo contacto de nuevo: “Ya tenemos lo difícil, el examen médico. Prepárese, estamos a días de tener su licencia”. El día 20 anunció la obtención del otro elemento indispensable: la constancia de capacitación, y dos días más tarde mensajeó: “Ya está su regalo de primavera, pronto aparecerá su registro en la página de la Secretaría”. En los días siguientes compartió la Constancia de Aptitud Psicofísica, la cual, conforme a la ley, sólo puede obtenerse tras la exploración y dictamen de un médico autorizado; y la Constancia de Capacitación, la cual obliga a un curso presencial. Sin embargo, este reportero jamás asistió a algún consultorio, centro de adiestramiento o instalación administrativa. Y menos a las sedes foráneas donde fueron emitidas: San Luis Potosí y Tamaulipas. Ya en abril, la licencia LFD01240125 aparecía en la base de datos de la SICT… APTO PARA TRÁILERES. La Constancia Psicofísica, respaldada con número de expediente 1766877 y vigencia de dos años, declaraba al reportero “APTO” para conducir vehículos de autotransporte federal. El médico firmante era Carlos Godoy Fontes, quien se encuentra en la lista oficial de profesionistas autorizados por la Secretaría: “Yo, Godoy Fontes Carlos, bajo protesta de decir verdad, declaro ante la Dirección General de Medicina Preventiva en el Transporte que verifiqué la veracidad de los documentos que avalan la identidad personal, que emito este dictamen derivado del examen psicofísico integral practicado el 10/03/2026 en Prolongación Coronel Romero, Independencia, San Luis Potosí, y que la información contenida en el expediente electrónico No. 1766877 es verídica, y fue obtenida con las mejores prácticas médicas y personal calificado, que me hago responsable de la información aportada con mi firma y, en su caso, con mi cédula profesional, apercibido de que aquel que interrogado por autoridad federal distinta a la judicial, faltare a la verdad, se hace acreedor a una pena de 4 a 8 años de prisión, y de 100 a 300 días de multa conforme al artículo 247, fracción I, del Código Penal Federal”. La Constancia de Capacitación en manejo, en cambio, se emitió desde Tampico, Tamaulipas, bajo el número de folio 1592332 y el número de control 1773939936274. Lo avala el Centro de Capacitación Profesional del Golfo, con el registro 249 ante la SICT. Se expide a favor de Daniel Blancas Madrigal “por haber cursado, concluido y aprobado satisfactoriamente el curso de capacitación y adiestramiento”, bajo el “Programa Integral de Capacitación de aspirantes con experiencia para la obtención de la licencia federal tipo B del Autotransporte Federal y transporte privado de carga, en tractocamión quinta rueda internacional”, con duración de 96 horas. La certificación fue emitida el 19 de marzo de 2026, con vigencia de un año, y firmada por José Antonio Vázquez Alcocer, representante legal del Centro. En poco más de un mes, quedó todo listo: de la libreta reporteril, al volante de un camión pesado; del teclado, a las carreteras… ¿Y el peligro?
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