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XALAPA.- Bajo el gobierno de la Cuarta Trasformación, magistrados y ministros han desechado cientos de amparos con los cuales grupos antagónicos trataron de frenar grandes obras de infraestructura o enmiendas constitucionales, como las construcciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde se presentaron en promedio mil 400 recursos; el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, Veracruz, así como reformas a las leyes de la Industria Eléctrica y al Poder Judicial de la Federación (PJF), entre otras. En 2019, el décimo tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México dio luz verde a la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, una de las obras emblemáticas del entonces presidente Andrés Manuel López Orador, al revocar las suspensiones definitivas que mantenían detenida la edificación del AIFA en la Base Aérea Militar de Santa Lucía. El fallo asestó un golpe al colectivo #NoMásDerroches, que tramitó 147 del total de demandas contra el proyecto aeroportuario, en ocho entidades, y contaba con siete suspensiones definitivas, pero todas fueron invalidadas. Por su parte, el juzgado primero de distrito, con residencia en Yucatán, revocó en 2022 los amparos contra la construcción del Tren Maya. Los recursos fueron interpuestos por la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) y habitantes del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, entre otros. Asimismo, un juez federal en Tabasco canceló el amparo contra la refinería de Dos Bocas en 2020, al determinar que el quejoso carecía de “interés legítimo” para frenar la obra. En enero del año pasado, la extinta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó seis recursos que ocho empresas promovieron contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica promulgada el 9 de marzo de 2021. Dichos recursos impedían que se aplicara a las ocho empresas el nuevo régimen impuesto por la reforma a dicha legislación y facultaba a continuar con el anterior, que daba prevalencia al modelo de política energética de libre mercado. Tras la aprobación de la reforma judicial en 2024, algunos jueces, magistrados y trabajadores administrativos del Poder Judicial de la Federación tramitaron más de mil recursos contra la enmienda. Buscaban detener la elección popular de togados y la entrega de fideicomisos. Sin embargo, en noviembre de ese año, la SCJN determinó que se mantenía vigente y se consideraba legal. El voto del ex ministro Alberto Pérez Dayán fue definitivo para que el grupo que encabezaba la entonces presidenta del máximo tribunal, Norma Piña Hernández, perdiera la mayoría necesaria para echar abajo la modificación legislativa. En la actualidad, jueces de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México desecharon por improcedentes las primeras demandas de amparo promovidas contra la modificación que limita las llamadas pensiones doradas de ex servidores públicos en México. No obstante, trabajadores insisten en que seguirán recurriendo a tribunales, a sabiendas de que no se puede impugnar.
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