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Xalapa, Ver.-
Mientras el gobierno busca dejar a tras el tema, organizaciones ambientales que desde finales de marzo plantearon que el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México provenía desde febrero en torno a un oleoducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Cantarell, demandaron a la empresa estatal que asuma su responsabilidad institucional y transparente información clave sobre el “desastre ambiental” que afectó a más de 900 kilómetros del litoral. A menos de 24 horas de que Pemex admitió que el ducto Old AK C, que conecta una de las plataformas en Cantarell con Dos Bocas, fue la causa de la contingencia, las organizaciones demandaron al gobierno federal que informe el volumen total de hidrocarburo derramado, pues sin esta información oficial “no existe una base seria para dimensionar el daño” para establecer una reparación proporcional. Asimismo solicitaron que se aclare el monto que Pemex deberá cubrir conforme a su responsabilidad institucional y el costo por la atención, limpieza, seguimiento y remediación de un derrame causado por su propia infraestructura, así como el plan integral de restauración ambiental, con metas, tiempos, responsables y mecanismos de seguimiento público. Las 40 organizaciones defensoras del medio ambiente, entre ellas Territorios Diversos para la Vida, CartoCrítica, Conexiones Climática y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental alertaron a finales del mes de marzo que, con base en el análisis de imágenes satelitales, mostraron desde inicios de febrero al buque Árbol Grande, especializado en reparación de ductos, que permaneció sobre el ducto “Old AK C” de Pemex, en Cantarell. En un comunicado, indican que la separación de tres funcionarios de la petrolera es insuficiente y no resuelve de fondo el problema. “Despedir a quienes ocultaron información no repara el daño ambiental ni sustituye la obligación de asumir institucionalmente las consecuencias del derrame”, insistieron. Advirtieron que los apoyos económicos de 15 mil pesos anunciados por el gobierno federal para 3 mil 379 pescadores, no sustituyen la reparación integral ni compensan la pérdida de ingresos y las afectaciones a las comunidades costeras. Mucho menos, abundaron, remplazan la obligación de restaurar ecosistemas afectados, como es el caso de manglares y arrecifes. Las organizaciones acusaron que las autoridades desacreditaron los señalamientos de la sociedad civil sobre el derrame que documentaron, lo cual finalmente el Grupo Interinstitucional del gobierno federal admitió y confirmó que el desastre provino de la infraestructura de Pemex.
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