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XALAPA.- El diagnóstico del gobierno federal sobre desarrollo territorial y urbano revela que 79 por ciento de la población del país habita en zonas urbanas y metropolitanas marcadas por expansión desordenada, contaminación y movilidad insegura, mientras las zonas rurales —que abarcan 52.8 por ciento del territorio nacional— concentran a la población en pobreza multidimensional y con rezagos persistentes en servicios básicos. Además, 39.5 por ciento de las comunidades rurales carece de acceso a agua potable de calidad y 31.5 por ciento no cuenta con conexión a internet, lo que refleja profundas brechas territoriales en el acceso a derechos. Estas condiciones forman parte del diagnóstico incluido en el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2026–2030, publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual advierte que sólo 30 por ciento de los municipios del país cuenta con instrumentos actualizados de ordenamiento territorial, lo que limita la capacidad institucional para enfrentar los desafíos regionales con enfoque de derechos y seguridad humana. El documento identifica además presiones crecientes en territorios costeros, donde el país cuenta con más de 11 mil kilómetros de litoral expuestos al aumento del nivel del mar, huracanes más intensos y pérdida de ecosistemas. En ese contexto, México ha perdido cerca de 150 mil hectáreas de manglares, mientras el turismo masivo en el Caribe incrementa la presión sobre los acuíferos y desplaza a comunidades locales. En la frontera norte, ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez presentan déficits anuales de agua subterránea que se agravan por la movilidad transfronteriza y la creciente demanda de servicios urbanos. En el sur, municipios como Tapachula enfrentan presiones adicionales al recibir alrededor de 60 por ciento de la migración transcontinental que ingresa al país, en un contexto de rezagos estructurales. El diagnóstico también subraya la persistencia de profundas desigualdades territoriales en la distribución de la actividad económica. Cinco entidades —Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato— generan más del 44 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, mientras la mayoría de los estados del sur-sureste no supera el 2 por ciento. Asimismo, el programa advierte que el Sistema Urbano Nacional agrupa 453 ciudades con más de 15 mil habitantes, entre ellas 92 metrópolis que generan más del 70 por ciento del PIB. Tres de ellas —Valle de México, Guadalajara y Monterrey— concentran más de 31 millones de personas, en un proceso de expansión horizontal que ha invadido suelo agrícola y ecosistemas frágiles y ha dificultado la provisión de infraestructura y servicios. Frente a este escenario, el programa plantea como visión de largo plazo que hacia 2030 México consolide un ordenamiento territorial “socioecológico” que articule lo urbano, lo rural y lo ambiental, con marcos legales armonizados entre entidades federativas, organismos metropolitanos fortalecidos y sistemas de información territorial abiertos y verificables para mejorar la planeación del suelo. El instrumento fija cuatro objetivos centrales: consolidar un ordenamiento territorial integrado y participativo; reducir brechas en infraestructura, movilidad, espacio público y vivienda; impulsar el desarrollo económico con justicia socioterritorial; y fortalecer la resiliencia ambiental mediante la protección de ecosistemas y la gestión integral de riesgos. El programa subraya que estas acciones buscan enfrentar “problemas estructurales identificados en el diagnóstico” y avanzar hacia un desarrollo territorial más equilibrado y sostenible, con prioridad en regiones rezagadas y población en situación de vulnerabilidad.
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