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XALAPA.- Una reforma al Código Penal impulsada por la gobernadora Rocío Nahle, y ya aprobada en comisiones, eleva el castigo máximo a 22 años de cárcel para servidores públicos involucrados en lavado de dinero, además de su destitución inmediata. Lo anterior significa que los funcionarios públicos de Veracruz que presten su nombre o firma para mover dinero sucio podrían pasar más de dos décadas en prisión. El cambio clave en la ley elimina la trampa legal de actuar "a sabiendas". Ahora, la justicia podrá ir tras quienes auxilien o participen en la manipulación de recursos ilícitos aunque lo hagan a través de terceros. En principio, se informó que la reforma persigue a los prestanombres y encubridores que intenten ocultar el origen o el destino de fondos ilegales dentro de la estructura del gobierno. El endurecimiento de la ley en Veracruz coloca a los servidores públicos en un régimen penal más severo que el de cualquier ciudadano común. Además de la pena extendida, la reforma asegura que ningún funcionario sentenciado pueda reincorporarse al servicio público bajo ninguna circunstancia. La iniciativa, remitida el 26 de marzo por la gobernadora y ya aprobada en comisiones, propone cambios en la redacción del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita para incluir nuevas formas de participación directa e indirecta. El dictamen será sometido a votación en el pleno del Congreso del Estado. Actualmente, el Código Penal de Veracruz establece sanciones de entre cinco y 15 años de prisión para quienes oculten, transfieran o utilicen recursos de origen ilícito. Con la reforma, estas penas se mantienen, pero en el caso de servidores públicos podrían incrementarse hasta en una mitad, lo que eleva el castigo potencial por encima de los 22 años de cárcel, además de contemplar destitución e inhabilitación. La reforma no modifica las sanciones base, sino el alcance del tipo penal. Uno de los ajustes centrales es la eliminación de la condición de actuar “a sabiendas y por cuenta de otra persona”, lo que abre la posibilidad de sancionar conductas realizadas de forma individual o mediante intermediarios. El nuevo marco legal establece que el delito se configura cuando una persona “por sí o por interpósita persona, realice o auxilie a otra persona” en la manipulación de recursos ilícitos. Este cambio amplía la capacidad de persecución penal al incluir esquemas indirectos de participación. Además, se incorpora de forma explícita el encubrimiento activo como conducta delictiva. Esto implica que ocultar o intentar ocultar el origen, destino o propiedad de recursos de procedencia ilícita será considerado parte del delito, incluso sin participación directa en la obtención de los fondos. El dictamen introduce criterios para determinar cuándo un bien o recurso puede considerarse producto de una actividad ilegal. Entre estos elementos, se establece que bastará la existencia de indicios fundados o la imposibilidad de acreditar un origen lícito. Este ajuste reduce la carga probatoria en ciertos casos y permite que las autoridades actúen ante señales consistentes de irregularidad financiera, aun cuando no exista una sentencia previa por el delito que originó los recursos. En términos de multas, la reforma también actualiza el esquema de sanciones económicas. Se mantiene el equivalente a 5 mil unidades, pero se sustituye el cálculo basado en días de salario mínimo por Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que reduce el monto aproximado de más de 1.5 millones de pesos a cerca de 565 mil pesos. El endurecimiento de las sanciones para servidores públicos es uno de los ejes de la reforma. La posibilidad de aumentar las penas hasta en una mitad coloca a este grupo en un régimen agravado frente al resto de los imputados. Además de la pena privativa de libertad, el dictamen contempla la destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer funciones públicas. Así se busca limitar la reincorporación de personas sancionadas al servicio público. La inclusión de funcionarios dentro de un esquema de sanción agravada responde a la preocupación por el uso de estructuras institucionales para facilitar la integración de recursos ilícitos en la economía formal. En la exposición de motivos, el documento señala que el lavado de dinero representa un riesgo para la estabilidad económica y la seguridad pública al permitir que recursos de origen ilegal se integren al sistema financiero. Con la ampliación del tipo penal, las autoridades estatales buscan contar con herramientas más amplias para perseguir este delito, especialmente cuando la participación no es directa o se realiza mediante terceros. Así las cosas.
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