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Xalapa, Ver.-
El Senado de la República aprobó por unanimidad el martes una reforma constitucional para fortalecer el combate al feminicidio en México, al facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en la materia. Con 109 votos a favor, el Pleno avaló modificaciones al artículo 73 de la Constitución, con lo que se busca establecer una legislación que defina un tipo penal homogéneo, así como sanciones y criterios de investigación aplicables en todo el país. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación. El documento presentado por el ejecutivo fue avalado por 109 sufragios, y remitido a la Cámara de Diputados para su análisis y votación, luego de un debate en el que la oposición pidió que la reforma sea acompañada de suficientes recursos porque de lo contrario será letra muerta. Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, resaltó que este no es cambio menor ni una reforma más, sino una decisión de Estado para enfrentar este delito. Explica que la modificación legislativa es necesaria debido a que el diseño actual presenta dispersión normativa y criterios heterogéneos que impiden una actuación uniforme y coordinada frente al feminicidio. Recuerda que en México hay 33 códigos penales, uno en cada entidad y el de la federación, lo que implica que existen criterios dispares y agravantes que no coinciden de Estado a Estado, porque no están homologados. Por esa causa en algunos lugares la justicia es expedita y en otros dilatada o incierta. Inzunza explica que esta fragmentación normativa no sólo conlleva desigualdad, sino también impunidad y en este tema, “la impunidad genera dolor”. Explica que la modificación propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como propósito establecer las bases para una legislación general que unifique criterios, homologue tipos penales y las punibilidades, defina estándares e investigación con perspectiva de género y haya coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno. De lo que se trata es de garantizar que en cualquier lugar de México las mujeres tengan el mismo derecho a la justicia, que el lugar dónde ocurre el delito no determine la calidad de la investigación ni la posibilidad de la sanción, que el Estado mexicano en su conjunto responda con la misma firmeza a la violencia feminicida. Por el PAN, Verónica Rodríguez Hernández indica que su voto a favor busca fortalecer la protección a las mujeres y subrayó que este delito representa una de las expresiones más graves de violencia de género. En tanto, la senadora del PRI, Paloma Sánchez Ramos, considera que la reforma obliga al Estado a actuar frente a la impunidad y advierte que la violencia de género representa “una deuda que el Congreso lleva años acumulando”. Por su parte, Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, reconoce el avance, aunque advirtió que el problema requiere medidas adicionales: “Se requiere de acciones más profundas, porque este problema no se va a resolver simplemente con este proyecto”.
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