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XALAPA.- A pesar de que los ejidos y comunidades de México representan 50.7 por ciento del territorio, con 32 mil 266 núcleos agrarios, existe un rezago en la materia, puesto que sólo 48 por ciento de ellos tiene actualizados sus órganos de representación, lo cual es una limitante, puesto que no pueden hacer trámites ni pedir algún apoyo a dependencias federales para explotar sus bosques ni abrir una cuenta de banco o sacar su registro federal de contribuyentes, señala Arturo García Jiménez, asesor de la Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades. Es “preocupante”, dice, que a poco más de 30 años de la reforma al artículo 27 Constitucional y la promulgación de la Ley Agraria, la explotación de intereses privados, la corrupción, la falta de erario público, descoordinación institucional, intermediarismo y marginación hayan desarticulado la vida orgánica de estos entes. En entrevista, destaca que los ejidos y las comunidades son el hogar de la biodiversidad del país, donde abundan los bosques, las fuentes de agua de las que nacen los ríos, las minas, las playas, entre otros recursos naturales, y de los que dependen 5.5 millones de ejidatarios o titulares de derechos, junto con sus respectivas familias. El agrónomo de la Universidad de Chapingo identifica varios retos claves del rezago agrario en el país, que se añaden al de la actualización de órganos de representación. Uno de ellos es la renovación de padrones, ya que de las 8 mil 764 solicitudes de depuración de padrones recibidas por el Registro Agrario Nacional (27 por ciento del total de núcleos agrarios del país), sólo mil 589 se han actualizado, es decir, 4.9 por ciento. A esto se suma que sólo 25 por ciento ha elaborado o renovado el reglamento interno o estatuto comunal, pero, lamenta, la mayoría está mal hecho pues se basan en machotes y no tienen la participación de las comunidades. El último reto es la lista de sucesión, donde 64 por ciento de los ejidatarios tienen actualizada su lista de herederos, lo cual evitará problemas futuros. Subraya que entre las consecuencias de la Ley Agraria, promulgada en 1992 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, está que permitió la privatización de la tierra. Si bien, este mecanismo permitió a los ejidatarios tener certificados que garantizan el dominio pleno de su propiedad, también les permitió venderla o rentarla. Lo anterior, provocó que los campo ejidatarios pudieran rentar sus ejidos a empresarios nacionales y extranjeros, a través de concesiones mineras, explotaciones forestales, agricultura por contrato, captura de carbono, sin embargo, al acabarse el recurso natural, generando grandes cantidades de contaminación, “aquellos que rentan se van a otro lado y dejan todo intoxicado, sin árboles”, asegura. En el marco del aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, quien inició la revolución agraria y fue asesinado el 10 de abril de 1919, García lamenta que desde el gobierno federal no haya una respuesta coordinada para combatir el rezago, y que las dependencias encargadas de resolver esta problemática (Procuraduría, Registro y Tribunales Unitarios Agrarios– “tengan menor presupuesto”.
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