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XALAPA.- Ante la incertidumbre, diversas organizaciones sindicales y de jubilados acordaron la creación de un Frente Nacional para defender los derechos de jubilación y pensión en el país, así como impulsar una serie de acciones legales, políticas y de movilización social. Ante la aprobación de la reforma al artículo 127 de la Constitución en la materia para eliminar las pensiones doradas de ex funcionarios de empresas del Estado, el Frente Nacional en Defensa de las Jubilaciones y Pensiones buscarán articular esfuerzos para defender sus derechos adquiridos de millones de jubilados, además de intensificar el trabajo político en espacios públicos a nivel nacional. El Sindicato Mexicano de Electricistas, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) y la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, así como representantes de jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) manifestaron su desacuerdo con la aprobación de la reforma y determinaron realizar movilizaciones el día 11 de cada mes, para visibilizar sus demandas. Aunque la enmienda tiene como propósito evitar que ex servidores públicos de confianza de empresas del Estado y de la banca de desarrollo reciban pensiones que superen la mitad de las percepciones de la Presidenta de la República, existe inquietud porque no hay claridad en el criterio sobre la aplicación de la reforma y se sabrá hasta que se publique en el Diario Oficia si sólo se acota al personal de confianza, señaló Silvia Ramos Luna, integrante del comité de vigilancia y fiscalización de la UNTyPP. Además, advirtió que el fondo del tema es que no se ha hecho una presentación escrupulosa, entre quienes obtuvieron pensiones de manera ilegal por haber ejercido un cargo ocho o 10 años, y los trabajadores que laboraron más de 35 o 40 años y que la obtuvieron en términos legales. En entrevista, indicó que su estrategia jurídica se enfocará en impugnar las posibles violaciones a tratados internacionales, particularmente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al Protocolo de San Salvador. No interpondrán juicios de amparo a la reforma constitucional, ya que este no procede cuando se trata de modificaciones a la Carta Magna, aclara. Ramos también mencionó que es preocupante el término de retroactividad, porque “los afectaría directamente e iría en contra del Estado de derecho”. En el caso de personal de los electricistas y personal de la CFE, estos grupos esperaran hasta que se dé el acto, es decir el acto lesivo, para definir qué acciones tomarán. En materia jurídica, se planteó consultar a especialistas sobre la viabilidad de presentar una denuncia por la difusión de datos personales de jubilados de distintas empresas del Estado, incluyendo Luz y Fuerza del Centro, PEMEX y CFE. Por otro lado, se acordó solicitar formalmente a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno información sobre los salarios de altos funcionarios públicos, como gobernadores, legisladores y secretarios de Estado.
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