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XALAPA.- El renovado Poder Judicial de la Federación (PJF) aplicó medidas estrictas de racionalidad y austeridad republicana para viajes oficiales del personal administrativo, pero dejó intactos a ministros, magistrados y titulares de órganos, por lo que conservan los esquemas de viáticos y pasajes de sus antecesores, así como la facultad de autorizar sus propias comisiones oficiales nacionales y al extranjero, sin transparentar sus facturas bajo el argumento de “seguridad nacional”. Desde marzo, los trabajadores administrativos de ese poder redujeron al menos 50 por ciento sus viáticos para viajes de trabajo, conforme a los nuevos lineamientos del Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) sobre políticas de racionalidad, gasto eficiente y disciplina presupuestaria para 2026. Pero el acuerdo mantiene la facultad de los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el OAJ –ahora electos por voto popular– para autorizar sus propias comisiones, nacionales e internacionales, así como las de su personal, sin límites en acompañantes, pasajes o hospedaje. Asimismo, establece como única obligación rendir informes trimestrales a la Comisión de Administración. En tanto, el resto del personal debe tener autorización previa de sus unidades o de la propia comisión de su órgano y cuenta con plazos limitados para comprobar los gastos. Además, se mantiene la práctica de clasificar como “reservados por seguridad personal y nacional” los viáticos y gastos de transporte de ministros, magistrados y titulares, con sustento en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así ocurre en la página de la SCJN, donde se reportan montos y motivos de las comisiones, pero no se publican comprobantes. Por ejemplo, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz registró en noviembre pasado 10 mil 145.12 pesos en viáticos en la Ciudad de México, pero las facturas no son públicas. Para lograr un recorte de 50 por ciento a los viáticos, las medidas en el Acuerdo del OAJ obligan a limitar las comisiones oficiales a una sola persona –salvo justificación–, planear los viajes con al menos cinco días de anticipación y ajustar los vuelos estrictamente a clase turista, así como el hospedaje al menor costo disponible. Dicho acuerdo entró en vigor el 28 de febrero pasado y dos empleados de la SCJN bajo condición de anonimato afirmaron a La Jornada que en la práctica se han “extralimitado” sobre la norma para garantizar todavía mayores ahorros. Declararon que han desembolsado recursos propios ante la falta de anticipos de viáticos, bajo la promesa de rembolso; sin embargo, éste suele ser parcial, con el argumento de irregularidades en la comprobación o falta de justificación. Los trabajadores añadieron que existe la instrucción de priorizar traslados por carretera en vehículos oficiales para evitar vuelos, aun cuando impliquen trayectos de más de 12 horas.
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