|
|
Foto:
.
|
XALAPA.- Debido a la crisis nacional y estatal de personas desaparecidas, el estado de Veracruz figura en el análisis del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sobre desapariciones ocurridas en México, particularmente en patrones documentados durante la década pasada, que incluyen los periodos de gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El comité examinó información recopilada a lo largo de más de una década de monitoreo entre 2012 y 2026, basada en reportes de organizaciones de derechos humanos y en respuestas proporcionadas por el propio Estado mexicano. El análisis forma parte del seguimiento que realiza el órgano de la ONU encargado de supervisar la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Durante una visita oficial a México realizada entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021, una delegación del comité también se trasladó al estado de Veracruz para recabar información de autoridades, colectivos de víctimas y organizaciones civiles. Entre la información revisada por el comité se incluyen denuncias sobre desapariciones de personas reportadas tras su internamiento en centros de tratamiento de adicciones en Veracruz. También se mencionan hechos relacionados con desapariciones de personas LGBTIQ+, en algunos casos presuntamente vinculadas a fuerzas de seguridad o a grupos del crimen organizado que habrían operado con distintos niveles de tolerancia o colusión de autoridades de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. De acuerdo con los reportes presentados ante el organismo, algunas desapariciones habrían ocurrido en contextos descritos por organizaciones civiles como “limpieza social” o explotación sexual, en ocasiones relacionadas con internamientos en centros de terapias de reconversión. El comité integró estas denuncias en un análisis más amplio sobre patrones de desapariciones en varios estados del país. El organismo estructuró su análisis conforme a los criterios establecidos en el Estatuto de Roma para evaluar posibles crímenes de lesa humanidad. Entre los elementos examinados se encuentra la existencia de desapariciones forzadas y la posible participación de agentes estatales o la colusión con grupos criminales. El informe señala casos en los que policías habrían detenido a personas que posteriormente fueron entregadas a organizaciones criminales, así como el uso de vehículos o instalaciones oficiales en algunos episodios documentados. El comité identificó patrones de este tipo en estados como Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco. También analizó si los hechos pueden considerarse “generalizados” o “sistemáticos”, dos criterios que el derecho internacional utiliza para evaluar la gravedad de estos delitos. De acuerdo con el informe, la escala del fenómeno en México, reflejada en el número de víctimas, la extensión geográfica del problema y el hallazgo de fosas clandestinas, constituye un indicio de la magnitud de la crisis. El informe del Comité también incluye datos sobre solicitudes de acción urgente relacionadas con desapariciones en distintos países. Entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, el organismo registró 40 nuevas solicitudes vinculadas con México. Estas solicitudes forman parte de un mecanismo previsto en la convención internacional que permite al comité intervenir cuando se reporta la desaparición reciente de una persona cuyo paradero se desconoce. Durante ese periodo el organismo recibió 161 solicitudes nuevas en todo el mundo, de las cuales 107 fueron registradas formalmente tras una evaluación preliminar. De las solicitudes registradas, alrededor de 37% corresponden a México. Las entidades con mayor número de casos en ese periodo fueron Chiapas, con 12, seguido por Jalisco con siete. Guanajuato y Sinaloa registraron cinco cada uno, mientras que Oaxaca reportó cuatro. Baja California y Tamaulipas tuvieron dos casos cada uno, mientras que Estado de México, Aguascalientes e Hidalgo registraron uno respectivamente. El informe indica que 65% de las personas desaparecidas en estas solicitudes son hombres o niños, mientras que 35% son mujeres o niñas. Además, 18% corresponde a menores de edad. El comité señaló que el Gobierno de México respondió a la mayoría de las solicitudes de información dentro de los plazos establecidos por el mecanismo internacional. "Si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017 -administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– y se circunscribe a cuatro estados, la decisión del Comité es parcial y sesgada. Omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano". En sus respuestas al comité, las autoridades mexicanas también han destacado acciones institucionales para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo mecanismos de coordinación entre fiscalías y sistemas de identificación forense. El informe también señala que el comité ha insistido en la necesidad de contar con registros centralizados de perfiles genéticos que permitan comparar restos humanos con muestras de familiares de personas desaparecidas. Desde que entró en funcionamiento el procedimiento de acción urgente del comité, se han registrado 2,239 solicitudes en todo el mundo. De acuerdo con el organismo, 546 personas desaparecidas vinculadas a estos procedimientos han sido localizadas, incluidas 427 encontradas con vida. En el caso de México, el comité informó que dos personas fueron encontradas con vida tras activarse acciones urgentes durante el periodo analizado.
|
