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Xalapa, Ver.-
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, con sede en Ginebra, solicitó a Naciones Unidas que considere medidas destinadas a apoyar al Gobierno de México en la prevención, investigación y erradicación de este delito, perpetrado a tales niveles que podría considerarse crimen de lesa humanidad, ya que en los últimos cinco años no se han atendido. El presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro, externa: “El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las altas esferas del Gobierno, lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil” En un comunicado, el comité citó como muestra de la gravedad de la situación el continuo hallazgo de fosas comunes clandestinas en el país, con más de 6,200 cadáveres y 76 mil restos humanos, en su mayoría no identificados. A pesar de las medidas adoptadas desde que miembros de este comité visitaran México en 2021, “la situación no ha mostrado una mejora sustancial”, lamentó. Señala que “las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis y siguen siendo urgentes reformas estructurales para prevenir las desapariciones”. El comité indica que muchas de estas desapariciones se producen en el contexto de la “guerra contra las drogas” a nivel nacional, aunque sin indicios de una política federal para cometer desapariciones forzadas, con sospechas de que muchas son perpetradas por grupos delictivos. Sin embargo, advirtieron los expertos, en algunos casos denunciados las investigaciones apuntan a la posible participación directa de funcionarios públicos, o al menos su apoyo o aquiescencia. La solicitud del grupo de expertos se ha enviado al secretario general de la ONU, António Guterres, para que la remita urgentemente a la Asamblea General. Las medidas que podría adoptar ese órgano, según el comité, podrían incluir cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva tanto de las desapariciones como de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado. Al calor del duro informe de la ONU, la organización I(dh)eas, -que agrupa a diversas organizaciones de desaparecidos en México- denunció “fallas estructurales graves” en la búsqueda y protección de víctimas y sus familias. Señala que el país acumula 819 acciones urgentes entre 2012 y febrero de 2026 —el 38 por ciento del total global— y sólo en los cinco meses más recientes (septiembre de 2025 a febrero de 2026) sumó 40 nuevas solicitudes, más de un tercio del total mundial del periodo. Irak es el segundo país más señalado, con 669 casos. Este incremento en México llevó a la organización a pedir que la ONU publique la versión completa del informe para transparentar las cifras y advertir sobre el deterioro de la situación. La ONG subrayó que el mecanismo, concebido como un recurso humanitario excepcional para localizar a personas desaparecidas de manera urgente, se ha vuelto “recurrente y estructural” en México. Aunque el Comité reconoció que el Estado mexicano responde formalmente dentro de los plazos establecidos, señaló fallas continuas en la implementación. Entre ellas, la ausencia de planes integrales de búsqueda, demoras en diligencias esenciales —como el análisis de videovigilancia y telefonía—, investigaciones insuficientes de la posible participación de agentes estatales y una protección inadecuada para familiares y personas buscadoras. El 30 por ciento de las nuevas acciones urgentes se concentró en Chiapas, sobre todo desapariciones colectivas de personas migrantes ocurridas entre octubre y diciembre de 2024. Jalisco fue el segundo estado más señalado, con casos donde presuntos agentes estatales o personas que se hicieron pasar por ellos habrían detenido por la fuerza a varias víctimas. En Sinaloa, las desapariciones se relacionaron con disputas territoriales y la presencia de grupos criminales en zonas donde se ha documentado colusión con autoridades. En Baja California, Tamaulipas y Guanajuato, varios casos antiguos —de más de ocho años— no han registrado avances sustanciales. Del total de víctimas, 65 por ciento son hombres o niños, 35 por ciento mujeres o niñas y 18 por ciento menores de edad. Entre los expedientes se incluye la desaparición de un familiar que participaba activamente en la búsqueda de otro desaparecido.
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