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Xalapa, Ver.-
El síndico de la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA), y su filial Minera del Norte (Minosa), presentó una nueva propuesta para la venta de ambas empresas como unidad productiva, tal como lo requirió el juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, quien declaró desierta la subasta hace más de un mes, confirmaron trabajadores de la siderúrgica. Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, indicó que sostuvieron una reunión con el síndico, Víctor Manuel Aguilera, quien les informó que entregó al juzgado federal el nuevo proyecto de enajenación de los bienes el viernes pasado, cuando se venció el plazo que fijó la autoridad. La propuesta, aclaró, para realizar la segunda subasta será analizada por el juzgado. Una vez que la jueza rectora del proceso de quiebra, Ruth Haggi Huerta, “emita la resolución correspondiente, se darán a conocer los términos, bases y condiciones conforme a los cuales se desarrollará el procedimiento”, informó AHMSA. La subasta estaba prevista para el 27 de febrero, pero se declaró desierta debido al incumplimiento de requisitos previstos en el proceso por parte del único postor calificado para la puja, integrado por el consorcio Ignition Industries 1870 y Fintech Latam. Aunque también, la subasta fue bloqueada porque los acreedores Banco Afirme y agroindustrias Cargill no manifestaron su conformidad para vender AHMSA y Minosa, ya que poseen créditos con garantía prendaria sobre sus bienes. Ambas empresas concentran 46 por ciento (45 mil 170 millones de pesos) del total de la deuda reconocida por AHMSA. Torres Ávalos señaló que a pesar de estas complejidades, las autoridades federales han mostrado disposición para destrabar las negociaciones. “Quien está viendo esto ya es Hacienda, se tienen pláticas (con los acreedores) y se va avanzando bien; lo están impulsando para llegar a un acuerdo y no tener ningún obstáculo en la venta de la empresa”, indicó. De acuerdo con el trabajador, el adeudo de AHMSA con su plantilla laboral asciende a 700 millones de dólares, una cifra que –expesa– supera las demandas de acreedores particulares.
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