|
|
Foto:
Google .
|
Xalapa, Ver.-
Al Senado llegó la iniciativa impulsada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, para reformar el artículo 73 de la Constitución y permitir la expedición de una Ley General en materia de feminicidio. Ello con el fin de establecer bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción de este delito. La propuesta señala que a pesar de los avances legislativos en esta materia, el feminicidio se encuentra tipificado de manera diversa en las legislaciones penales de las entidades federativas del país. Esta diversidad normativa ha generado diferencias sustantivas en los elementos del tipo penal, criterios diferenciados para acreditar las razones de género, agravantes y sanciones no homologadas y desigualdad en los criterios de investigación. Como consecuencia de ello, hechos de naturaleza similar pueden ser investigados y castigados de forma distinta dependiendo de la entidad federativa en la que ocurran, lo que debilita la eficacia del sistema judicial penal y propicia escenarios de impunidad. Ante esa situación, señala la iniciativa, resulta indispensable contar con una legislación general que establezca bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio en todo el país. Dado lo anterior se necesita dotar al Congreso de la Unión de facultades constitucionales que le permitan la generación de una legislación general orientada a establecer un tipo penal homogéneo, igualar estándares de investigación con perspectiva de género, y fortalecer la coordinación entre Federación y entidades federativas.También, garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y la reparación de daños, así como robustecer la coordinación de instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia. De igual manera, se contemplará la protección reforzada para niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, pues enfrentan afectaciones emocionales, sociales y económicas que comprometen el ejercicio pleno de sus derechos. Al respecto, organizaciones y colectivos llaman a la mandataria mexicana a abrir el proceso y a reconocer el papel que las organizaciones de la sociedad civil, colectivas y familias han tenido en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública existente, así como a integrar la ley en una estrategia más amplia, con presupuesto suficiente, fortalecimiento institucional y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
|
