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XALAPA.- Un juez de enjuiciamiento del distrito judicial de Xalapa dictó fallo condenatorio contra el exdirector de Servicios Periciales de Veracruz, Gilberto A. G., por un delito vinculado con la desaparición de personas relacionado con el caso de la barranca de La Aurora, ocurrido durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. La resolución fue emitida este martes 31 de marzo en el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Xalapa, dentro de la causa penal J-104/2024, derivada de la carpeta de investigación UIPJ/DXI/10°/169/2016. El juez de enjuiciamiento, Roberto Santos Maldonado Morales, determinó que se acreditó la responsabilidad penal del exfuncionario por el delito vinculado con la desaparición de personas en agravio del policía David Lara Cruz. Luego del fallo condenatorio, el órgano jurisdiccional fijó para el 8 de abril de 2026 a las 15:00 horas la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. El caso se remonta a enero de 2016, durante la administración estatal encabezada por Javier Duarte de Ochoa, cuando fueron localizados restos humanos en la barranca de La Aurora en el municipio de Emiliano Zapata. De acuerdo con documentos integrados a investigaciones ministeriales, el 19 de enero de ese año fueron hallados restos de 19 personas en ese sitio. Entre las víctimas se encontraba David Lara Cruz, policía estatal de Veracruz, quien el 12 de enero de 2016 acudió a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Xalapa para presentar evaluaciones de control y confianza. De acuerdo con los testimonios incluidos en el expediente, el agente salió de su domicilio para acudir a esas evaluaciones y posteriormente habría sido detenido por compañeros de la misma corporación, sin que existiera registro oficial de su detención. Días después se informó a su familia que su cuerpo había sido localizado en la carretera rumbo a Alto Lucero. Sin embargo, documentos de la carpeta de investigación refieren que el cadáver había sido encontrado previamente en la barranca de La Aurora junto con otros restos humanos. La investigación señala que, tras el hallazgo de los cuerpos, el entonces director de Servicios Periciales fue notificado del hecho. Con base en la información contenida en el expediente, el funcionario habría instruido realizar el levantamiento de los cuerpos localizados en la barranca, pero reportar oficialmente solo el hallazgo de seis cadáveres. También se documentó que, pese a que el cuerpo de Lara Cruz fue identificado mediante dactiloscopía, se ordenó trasladarlo a la localidad de Santa Ana, en el municipio de Alto Lucero, para reportar ese sitio como el lugar de su hallazgo. El proceso judicial fue seguido por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), organización que señaló que el caso busca esclarecer la forma en que fue registrado oficialmente el hallazgo de los cuerpos. “Durante años, la familia ha exigido verdad sobre lo ocurrido tras la desaparición forzada y sobre lo que pasó después: la localización seguida de ocultamiento, prolongando la incertidumbre”, aseguró la organización.
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