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Xalapa, Ver.-
Como siempre sucede, a los colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles que los acompañan, no los tomaron en cuenta en la revisión de los datos del Registro Nacional que presentó el gobierno federal, no en la metodología para asegurar que de los 132 mil 534 casos, en 46 mil 742 los datos son insuficientes para su localización y en 43 mil 128 no se tiene actividad reportada. Ello, manifestaron, muestra que “continúa la estrategia de minimizar” la crisis. Tras el desglose de cifras, Grace Fernández, de Búscame Buscando Desaparecidos México, lamenta que las autoridades tampoco presentaran las acciones que llevarán a cabo para obtener más información sobre los más de 46 mil sin datos suficientes. Esto, enfatizó en entrevista, “es negar la responsabilidad que tiene el Estado” de investigar y dar con su paradero, al tiempo que afirma que del análisis del Registro Nacional “no se consultó con las víctimas”. Al igual que Jorge Verástegui, activista que busca a su hermano Antonio y a su sobrino Antonio de Jesús, desaparecidos en 2009, reconoció que el jueves pasado hubo una reunión en la Secretaría de Gobernación a la que se convocó a un grupo de familiares, pero éstos “no son representativos de plataformas o movimientos amplios”. Verástegui también señala que “es un error metodológico” tratar de dimensionar la problemática de las desapariciones a partir de que el Ministerio Público inicie una carpeta de investigación. Y es que la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, indicó que sólo en 3 mil 869 casos se cuentan con carpeta de investigación abierta. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) indicó por su parte que acotar a 43 mil 128 el número de desaparecidos reduce la dimensión de la crisis. Las deficiencias del registro “son responsabilidad de las autoridades, no de quienes denuncian”. María Luisa Aguilar, directora de la organización, recordó en entrevista que la base de datos, que surgió desde 2017, se nutre de información de fiscalías, comisiones locales y reportes de las familias. Las autoridades “tendrían la obligación de asegurar que no hubiera registros mezclados o incompletos”. Aparte, en un comunicado conjunto, organizaciones como Serapaz, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, igualmente expresaron su preocupación por que “desde el discurso oficial se sostenga la idea de que en México ya no existen desapariciones forzadas, reduciendo el fenómeno a la actuación exclusiva del crimen organizado y borrando con ello la posible participación de agentes estatales”.
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