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XALAPA.- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) indicó que acotar a 43 mil 128 el número de desaparecidos en México reduce la dimensión de la crisis que se está viviendo. Las deficiencias del registro “son responsabilidad de las autoridades, no de quienes denuncian”, acota. En ese sentido, María Luis Aguilar, directora de la organización, recordó que la base de datos, que surgió desde 2017, se nutre de información de fiscalías, comisiones locales y reportes de las familias. Por ello, enfatizó que se tiene que revisar cuántos de los más de 40 mil casos que no tienen suficiente información provienen de esas autoridades. Ellos “tendrían la obligación de asegurar que no hubiera registros mezclados o incompletos”. Refiere que, el que se hable de acciones “más administrativas”, lo que genera “es mucha incertidumbre para las familias que están todos los días buscando frente a autoridades negligentes, porque es claro que no han cambiado las historias sobre cómo las fiscalías no salen a buscar con ellas, no hay una respuesta y no toman en cuenta las informaciones que les llevan”. Al respecto, colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles que les acompañan reprocharon que para la revisión de los datos del Registro Nacional de casos, que presentó el gobierno federal, no se les tomara en cuenta ni se diera a conocer la metodología con la que se basó el análisis para asegurar que de los 132 mil 534 desaparecidos reportados, en 46 mil 742 los datos son insuficientes para su localización y 43 mil 128 no presentan registro de actividad posterior a su reporte de ausencia. Ello, manifestaron, muestra que “continúa la estrategia de minimizar” la crisis. Tras la presentación del desglose en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Grace Fernández, de Búscame Buscando Desaparecidos México, lamentó que las autoridades no expusieran acciones para tener más información sobre los miles de registros que no cuentan con datos suficientes para dar con su paradero. Esto, enfatizó, “es negar la responsabilidad que tiene el Estado”. La hermana de Dan Jeremeel, desaparecido desde el 19 de diciembre de 2008 en Coahuila, afirmó que el trabajo de análisis del Registro Nacional “no se consultó con las víctimas”. Ayer, dijo, se realizó una reunión en Gobernación a la que asistieron algunos familiares de desaparecidos, “pero que no son representativos de plataformas o movimientos amplios”. El Centro Prodh expuso que si bien se tiene la necesidad de mejorar los registros y transparentar metodologías, “la premisa de que la mayoría de desapariciones son ausencias voluntarias minimiza la responsabilidad del Estado, en sentido contrario a lo señalado por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU”, que activó el artículo 34 al considerar que en México ocurren de manera generalizada. Asimismo, indicó que el hecho de que sólo existan 3 mil 869 carpetas de investigación por desaparición no refleja ausencia de delitos: “evidencia las barreras que enfrentan las familias para denunciar, especialmente donde redes criminales alcanzan a las fiscalías”. Sobre la afirmación de más de 90 por ciento de localizaciones, subrayó que “muchas no son resultado de acciones del Estado, sino de las familias y sus redes comunitarias”. Aparte, en un comunicado conjunto, organizaciones como Serapaz, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, señalaron que “reducir la crisis a una gestión de archivos ministeriales no es sólo un error metodológico, es una decisión política que invisibiliza a las víctimas”. Sostuvieron que si bien ahora se enfatiza que las Fiscalías estarán “obligadas” a abrir carpetas de investigación por desaparición, aclararon que esto no es nuevo: “existe desde la entrada en vigor de la Ley General en 2017”. El verdadero obstáculo, destacan, no es la falta de leyes, sino las malas prácticas, la corrupción y la omisión sistemática de las fiscalías que, activamente, evitan recibir denuncias o clasifican las desapariciones como otros delitos para no investigar. Condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta es premiar la ineficiencia institucional”. A su vez, Amnistía Internacional llamó al gobierno federal a garantizar la inclusión de familias, organizaciones civiles y personas expertas en la instrumentación de la estrategia para atender el flagelo de las desapariciones en el país.
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