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XALAPA.- Luego de que el discurso de autoridad ha sido pisoteado por funcionarios de la Cuarta trasformación, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que busca eliminar privilegios en el servicio público y reforzar un modelo de gobierno austero. La iniciativa, conocida como “Plan B”, plantea que ningún funcionario pueda percibir un salario superior al de la titular del Ejecutivo federal. De acuerdo con la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz, esta reforma responde a uno de los compromisos centrales de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: reducir los excesos en el gasto público y redirigir recursos hacia obras, infraestructura y programas sociales. El dictamen contempla la eliminación de bonos, seguros de gastos médicos privados pagados con recursos públicos y otras prestaciones consideradas innecesarias. Además, establece una reducción en el número de regidurías y sindicaturas, lo que, según lo aprobado, permitirá generar ahorros que serán destinados a los municipios. Como parte de las medidas, se fija también un tope presupuestal para los congresos estatales equivalente al 0.70 por ciento del presupuesto total de cada entidad, con el objetivo de evitar gastos excesivos y desigualdades. Se estima que estas acciones podrían generar un ahorro cercano a los 4 mil millones de pesos. Sosa Ruiz afirma que la aprobación de esta reforma representa “un paso firme” para reducir desigualdades y garantizar un uso más responsable de los recursos públicos, orientado al beneficio de la población. La legisladora reitera su compromiso de impulsar cambios que fortalezcan la austeridad, la transparencia y la participación ciudadana, asegurando que el objetivo es consolidar un modelo de gobierno más equitativo y enfocado en el bienestar social.
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