|
|
Foto:
.
|
XALAPA.- Luego de que autoridades han minimizado la situación, la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado, solicitó a diversas autoridades, un informe detallado sobre el daño ecológico y económico que provocó el derrame de petróleo y otros hidrocarburos en las costas de Veracruz y Tabasco, lo que es considerado una crisis medioambiental. A inicios de marzo se detectó un grave derrame de petróleo e hidrocarburos que afecta más de 630 kilómetros de litoral entre Veracruz y Tabasco, impactando playas, manglares y la pesca local. Pemex y la Semar recolectan toneladas de residuos, mientras organizaciones como Greenpeace denuncian una emergencia ecológica de gran magnitud, con crudo que llegó a zonas sensibles, afectando la biodiversidad y la economía de pescadores. Por ello, los senadores de la comisión de Medio Ambiente que preside Maki Ortiz, exigieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Marina y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente un informe sobre las afectaciones ocasionadas a ecosistemas costeros. Lo mismo a humedales, lagunas, manglares, arrecifes y fauna silvestre, con motivo de la presencia de hidrocarburos en Veracruz y Tabasco, que se registra desde inicios de marzo pasado. La propuesta también solicita que se informe sobre el estado que guarda la investigación para determinar el origen del contaminante y las acciones adoptadas para garantizar la reparación integral del daño ambiental. De la misma forma, se busca exhortar a los gobiernos de Veracruz y Tabasco para que, en coordinación con la federación y los municipios involucrados, fortalezcan las acciones de atención a las comunidades afectadas. Se precisa que dichas acciones deben incluir medidas preventivas y de vigilancia en materia de salud, acompañamiento técnico y territorial a comunidades pesqueras y ribereñas, seguimiento a posibles afectaciones a actividades pesqueras y turísticas, así como esquemas de apoyo, información pública y coordinación institucional que permitan atender de manera oportuna las consecuencias ambientales, sociales y económicas derivadas del evento. Por otro lado también probaron reformar la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para establecer el concepto de “justicia ambiental”, como una herramienta para transformar la relación entre sociedad y naturaleza, y así asegurar un futuro sostenible para las generaciones presentes y futuras. En el proyecto se define a la justicia social como “el derecho que garantiza un trato justo, equitativo y participativo en todas las decisiones y acciones que afectan el medio ambiente y la salud de las personas, sin importar estatus socioeconómico, origen étnico, género, nacionalidad, discapacidad o condición social, asegurando el desarrollo de un entorno sano y el equilibrio ecológico”.
|
