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XALAPA.- La iniciativa conocida como “Plan B”, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República tras el fracaso de la reforma electoral, contempla el cambio de fecha de la consulta de revocación de mandato para empatarla con las elecciones intermedias y que la mandataria pueda hacer proselitismo a su favor. Sin embargo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, rechazó que la concurrencia del proceso de revocación con las elecciones federales intermedias pueda beneficiar al partido en el gobierno como ha planteado la oposición. Ese argumento, subrayó, no resiste un análisis básico. Si la evaluación ciudadana es negativa, una mayor participación no fortalece al poder, sino que lo expone. La concurrencia no inclina el resultado, lo hace más representativo de la voluntad general, indica. De acuerdo con el legislador morenista, empatar los comicios federales con la revocación aumentaría la participación ciudadana y permitiría aprovechar la infraestructura electoral ya desplegada, lo que disminuye los costos de organización y mejora la eficiencia del proceso. Al analizar ejercicios de consulta anteriores, advierte que los efectuados fuera del calendario electoral tienden a ubicarse en niveles de participación que oscilan entre el 7 y el 18 por ciento, como ocurrió en la consulta popular de 2021, que tuvo el 7.1 por ciento, la revocación de mandato de 2022 que registró 17.8 por ciento, y la elección judicial de 2025 en donde salió a las urnas el 13 por ciento de los electores. En contraste, los procesos comiciales ordinarios muestras niveles sustancialmente más altos de participación: La elección presidencial de 2018, registro el 63.4 por ciento, la intermedia de 2021 el 52.7 por ciento y la presidencial del 2024 el 61 por ciento. El costo total de la revocación de mandato de 2022 ascendió aproximadamente a mil 692.5 millones de pesos, lo que se tradujo en un costo por voto cercano a los 102.50 pesos, significativamente superior al de una elección normal. En un artículo publicado en su sitio de Internet, Monreal menciona que el Instituto Nacional Electoral (INE) operó bajo condiciones presupuestales que limitó la instalación de casillas a un tercio de lo previsto para comicios calendarizados. Ello redujo la accesibilidad del ejercicio y la capacidad de convocar a un electorado amplio y representativo.
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