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XALAPA.- La nueva ley de aguas ha permitido detectar un presunto adeudo de casi 12 mil millones de pesos de empresas “que, de no regularizarse, van a tener sanciones correspondientes e incluso la cancelación de sus títulos” de manejo del recurso. Con la aprobación de esa nueva normativa se ha permitido que pequeños productores recuperen sus derechos para el manejo y uso del vital líquido, según lo informado. En conferencia presidencial, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, presentó algunos de los casos donde particulares que tienen concesiones de agua para uso agrícola, que el Estado entrega de manera gratuita, y pese a ello lucraban con el recurso al transmitirlo por pagos millonarios a particulares para distintos usos. A la fecha, indica el funcionario, se han realizado 7 mil 614 inspecciones, de ellas han terminado mil seis en clausuras para personas que utilizaban los títulos o concesiones de agua de manera ilegal. Uno de los ejemplos presentados en la mañanera fue el de los municipios de Baja California, que desde 2002 compran el recurso a un distrito de riego bajo la figura de transmisiones a fin de darle uso para los habitantes del estado. “En últimos cinco años han tenido que pagar más de 531 millones de pesos, a unas cuantas personas”, expuso Morales López. A lo que la mandataria federal agregó que ese lucro se quedaba en manos de unas cuantas personas y venía derivado de un recurso de la nación. Otro caso expuesto en la conferencia matutina presidencial es el de la familia Calzada, del ex gobernador de Querétaro José Eduardo Calzada Rovirosa (PRI), que cuenta con concesiones para uso agrícola de agua y cambian de uso de 628 mil metros cúbicos para comercializarlos en pipas. Esa familia queretana tiene otro título que usa para abastecer de servicios a desarrollos inmobiliarios y a un club de polo, donde hay esquís acuáticos y se tienen áreas verdes muy grandes. El funcionario señaló que con estos cambios, el año pasado se logró un incremento de 3 mil 500 millones en recaudación por concepto de pagos por el agua; y en 2026 se proyecta que la recaudación crezca en 6 mil millones por ese concepto. Recursos que se usarán en obras públicas para el manejo y distribución del agua a la población. A su vez, la Presidenta Sheinbaum Pardo señaló por su parte que la nueva ley en la materia “ha tenido impactos positivos. Nuestro objetivo es que no haya privilegios. El cambio en la nueva ley de aguas tuvo, entre otras razones, quizás la principal, es acabar con los privilegios a la hora de acabar con la transmisión de los derechos del agua”. Señaló que a partir de la vigencia de esta normativa, la Conagua ha encontrado que con la anterior gestión del recurso se daban diversas irregularidades que permitían que terceros lucraran con el agua gratuita que recibían para riego. Indica que fue en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en 1992, cuando se permite comercializar el agua, “convertirla en mercancía. Después hubo títulos de concesión de Salinas, de (Ernesto) Zedillo; (Vicente) Fox y (Felipe) Calderón dieron muchísimos títulos de concesión de este tipo; y (Enrique) Peña”.
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