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XALAPA.- La iniciativa conocida como “Plan B”, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República ha generado discusión al contemplar el cambio de fecha de la consulta de revocación de mandato para empatarla con las elecciones intermedias y que la mandataria pueda hacer proselitismo a su favor, lo cual beneficiaría al partido en el poder. Discuten una redacción alterna al artículo 35 constitucional; “Se busca una redacción técnica más adecuada, que deje en claro que lo único que la Presidenta de la República quiere es hacer uso de su libertad de expresión para defender los logros de su gobierno” en ese proceso de consulta ciudadana, comentó el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza. En entrevista, confirmó que es una propuesta que valoran con los equipos de trabajo y las áreas responsables del gobierno federal tanto él como el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Oscar Cantón Zetina. Ello, luego de la controversia provocada por el párrafo de ese artículo 35 en el que se establece que: “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley en la materia”, algo que la oposición y un aliado consideran que permite a la mandataria hacer campaña en favor de Morena. Al respecto, el senador Inzunza comenta que no está de acuerdo con tal interpretación, pero se propuso otra redacción que permita, como lo expresa en la exposición de motivos de su iniciativa, “la garantía del derecho de opinión, razonamiento y defensa de la persona sujeta al procedimiento de revocación”. Tiene razón la mandataria, recalcó el senador Inzunza, “no quiere que le pase lo mismo que al el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, que en su momento no pudo hablar de su proceso de revocación de mandato y prácticamente lo silenciaron”. Por otra parte, precisó que ya están acordados dos cambios a la iniciativa, ambos al artículo 115 constitucional. En el primer caso, no sólo para reponer las palabras “de conformidad con el principio de paridad” municipal, que por error se omitieron en la iniciativa, sino para darle a la reforma un enfoque de perspectiva de género más amplio. Esto último con base en una propuesta que hizo llegar a las comisiones la senadora de Morena Malú Micher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Genero. El otro cambio, del que ya se había hablado, elimina el tope mínimo de siete regidurías en cada ayuntamiento y sólo deja el máximo, que es “hasta 15”. Se trata, explica, de una reforma electoral basada en la austeridad que pretende evitar excesos y dado que 90 por ciento de los ayuntamientos tiene menos de siete regidores, no tenía caso poner como mínimo ese número. Lo que sí se debe topar es el número máximo, ya que hay municipios pequeños con 20 y 22 regidurías, recalca. Esas serían las únicas modificaciones, menciona, y confió en que haya un acuerdo en torno a la redacción del artículo que suscitó la polémica, a fin de que el dictamen esté listo hoy, para votarlo en la reunión de comisiones del lunes por la tarde. En tanto, un grupo de senadores de Morena, encabezado por el coordinador Ignacio Mier, así como la dirigente del PVEM, Karen Castrejón, estuvieron en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde expresaron respaldo pleno al plan B.
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