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XALAPA.- Aunque dicen que más vale tarde que nunca, un Juzgado de Control en Pacho Viejo decidió declarar fundadas las objeciones de los pensionados que fueron víctimas de violencia el 23 de diciembre de 2015, cuando la policía disolvió la protesta que realizaban frente al Palacio de Gobierno de Xalapa, por no haber recibido el pago de su pensión de diciembre de ese año y su aguinaldo. La resolución sienta un precedente respecto de la defensa de derechos humanos, después de una década de haber presentado la denuncia. De este modo, la investigación de la Fiscalía General del Estado fue judicializada y se imputó responsabilidad por estos hechos a tres funcionarios de nivel medio. De acuerdo con el abogado Juan José Llanes Gil del Ángel a través de un texto difundido en la revista Jurista, los tres señalados fueron vinculados a proceso, y uno de ellos solicitó acogerse a la figura de la “suspensión condicional”, que implica -de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales-, una salida alterna, sujeta a la reparación del daño. La propuesta de “reparación” del vinculado a proceso consistía en el “pago” de diez sesiones de terapia psicológica para tres de las víctimas (cada sesión de quinientos pesos), una disculpa, y firmar periódicamente ante el juez de control. Las víctimas se opusieron a esa suspensión condicional, al objetar que la reparación del daño no era integral, porque los demás jubilados y pensionados no iban a ser objeto de la reparación, por lo tanto, no serían contemplados en una dimensión colectiva, tal como ellos habían sufrido la agresión. La dimensión colectiva incluye considerar su pertenencia a un grupo identitario, todos adultos mayores, pensionados del IPE, miembros de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz, Copipev, manifestantes por la misma causa, todos lastimados en sus derechos humanos a la seguridad social, a la libertad de reunión, a la libertad de expresión, a su derecho de petición, y a su dignidad, especialmente como adultos mayores, etcétera. Por lo anterior, el juez de control de Pacho Viejo decidió declarar fundadas las objeciones y negó la posibilidad de que uno de los imputados accediera a una salida alterna, pagando 15 mil pesos en total, y ofreciendo (de hinojos, de ser requerido, como lo ofreció la defensa de este imputado), una disculpa. “En lo subsecuente, cuando otros sectores de la sociedad sean colectivamente lastimados, y sus miembros sean víctimas de delitos y de violación a sus derechos humanos, estará este precedente: cualquier “reparación” que proponga un particular, un servidor público o el Estado mismo, deberá poseer una dimensión colectiva y simbólica insoslayable”, concluyó el abogado.
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