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XALAPA.- Un operativo realizado al interior del penal federal número 5 Oriente, en Villa Aldama, derivó en la detención de 16 presuntos extorsionadores y el aseguramiento de teléfonos celulares utilizados para realizar llamadas de extorsión. El hallazgo dentro revela un patrón recurrente en investigaciones sobre extorsión en México: operaciones coordinadas desde centros penitenciarios mediante teléfonos celulares introducidos ilegalmente. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el operativo fue ejecutado por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y fuerzas federales. Los detenidos ya fueron puestos a disposición de un juez. La investigación apunta a que los dispositivos decomisados eran utilizados para contactar a víctimas y exigir pagos bajo amenazas. Las autoridades no detallaron la estructura de las redes, pero señalaron que las comunicaciones detectadas permitieron identificar a los presuntos responsables. La Fiscalía reportó además otras intervenciones relacionadas con el mismo delito en distintos municipios de Veracruz. En Tuxpan, un juez vinculó a proceso a José Emanuel “N” por extorsión agravada. De acuerdo con la investigación, el acusado presuntamente exigía dinero a una víctima a cambio de no difundir contenido íntimo. En Minatitlán, Sergio Alberto “N” también fue vinculado a proceso por su presunta participación en cobro de piso mediante amenazas. En un tercer caso, tres personas fueron detenidas en flagrancia en Acayucan cuando, según la Fiscalía, intentaban cobrar dinero a una víctima. Durante el arresto se les aseguraron objetos relacionados con el delito. Estos casos se registran en un contexto donde las denuncias de extorsión van en aumento. Tan solo en el primer semestre de 2025, Veracruz se ubicó como el tercer estado con más reportes de extorsión y cobro de piso en México. Entre enero y junio de ese año se registraron más de 454 denuncias, de acuerdo con cifras citadas por las autoridades. Municipios como Coatzacoalcos resintieron con fuerza este fenómeno, pues comerciantes de la zona han cerrado negocios o abandonado el estado ante el temor de represalias del crimen organizado. Una víctima anónima denunció amenazas recibidas en llamadas de extorsión: “Sólo se les dará una oportunidad para marcar, no respondemos con lo que pueda pasar y se les quemará su pinche casa, la plaza tiene dueño”, les dicen. El problema también tiene efectos económicos. De acuerdo con Data Coparmex la extorsión empresarial aumentó 25.4% entre 2019 y 2025 en Veracruz. Según ese reporte, el 54.8% de los empresarios en el estado ha sido afectado por ese delito. Las consecuencias incluyen cierre de negocios, pérdida de inversión y deterioro de la confianza en el entorno comercial. Uno de los episodios más violentos ocurrió el 18 de julio en el municipio de Álamo, cuando la maestra jubilada Irma Hernández, que trabajaba como taxista, fue secuestrada por sujetos armados. Luego de ser torturada, fue obligada a grabar un video intimidatorio dirigido a quienes se niegan a pagar cuotas. Días después, su cuerpo fue encontrado sin vida. Otro testimonio resumió el problema: “Ya tenemos años pagando cuotas, como cinco o seis años, dependiendo, y nos ponen la cantidad”. Así andan las cosas en Veracruz.
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