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XALAPA.- El acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) todavía no se cumple ni en los estados que ya tienen leyes locales que despenalizan esta práctica hasta las 12 semanas de gestación y a pesar de que desde 2022 la Secretaría de Salud (SSa) emitió un lineamiento técnico para garantizar un aborto seguro, afirma la asociación civil Telefem, dedicada a ofrecer acompañamiento a las mujeres y enlace con médicos entrenados en la ILE. Paula Rivera, gerente de Telefem, indica que en Tabasco, empleados de un hospital público negaron la atención a Mariana de 19 años, porque “no tenía una autorización judicial”, requisito que no existe en la ley. Por eso, las mujeres recurren al sector privado. Para la joven tabasqueña, ese rechazo del servicio público la llevó a buscar información y ayuda en otra parte y luego de tres semanas encontró una alternativa. Lo anterior pasa aunque desde septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la penalización del aborto voluntario es inconstitucional y lo eliminó del Código Penal Federal. Desde entonces ha habido avances y los congresos de 24 estados han modificado sus leyes locales para garantizar la no criminalización de quienes deciden abortar. El problema es que en la realidad, las mujeres siguen sin poder ejercer este derecho plenamente, señaló la especialista, incluso en situaciones de violencia sexual. Comentó el caso de una adolescente de 15 años de Tlaxcala. Al presentar la denuncia y solicitar la atención médica para evitar el posible embarazo, se enfrentó a una serie de requisitos incomprensibles. La madre de la joven comentó que le hicieron repetir su historia varias veces. Su hija “fue revictimizada”, afirma. En Tabasco y Tlaxcala cuentan con legislaciones acordes a la sentencia de la Corte, resaltó Rivera, pero la falta de información y/o convencimiento de los servidores públicos tiene consecuencias en las afectadas que viven con incertidumbre, sufren retrasos y riesgos para su salud. Señala que las irregularidades en la prestación de los servicios públicos de salud también se han presentado en la Ciudad de México, pionera en el país en la interrupción legal del embarazo. Le ocurrió a Sandy de 24 años, quien tenía dos meses de embarazo, cuando presentó un sangrado abundante y dolor intenso. Llegó al hospital en ambulancia, pero le negaron la atención porque los médicos opinaron que “era un aborto y ahí no estaba permitido”. En otra ambulancia, su pareja la llevó a una clínica privada. Ella había perdido el conocimiento.
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