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Xalapa, Ver.-
La defensa legal del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, indica que su representado y su familia respetan, pero no comparte la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dejó firme la sentencia que lo obliga indemnizar por daño moral a la periodista Lourdes Mendoza, a quien acusó de recibir sobornos en el contexto de las investigaciones por corrupción vinculadas al caso Odebrecht. En un comunicado, el abogado Alejandro Rojas Pruneda explicó que, al no haber estudiado el recurso de revisión, el alto tribunal permitió que prevaleciera un criterio que representa un retroceso en los estándares de protección a denunciantes de hechos delictivos. Al respecto, señala que es el Estado, y no las víctimas ni los denunciantes, los que tienen la obligación de investigar hechos delictivos y/o probar su veracidad. “Si la obligación de probar hechos delictivos se la traslada el Estado a los denunciantes o a las víctimas, nadie va a denunciar hechos delictivos y estaremos a la merced de la delincuencia”. Agrega que con la determinación, la SCJN “perdió la oportunidad de fijar criterios que protejan a los denunciantes de hechos de corrupción y los deja a éstos a la merced de las personas imputadas o denunciadas”.
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