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XALAPA.- La omisión del gobierno mexicano para buscar desaparecidos ha obligado a miles de mujeres ―madres, hermanas, esposas, primas, novias y amigas— a buscar a sus seres queridos por su cuenta, lo que las ha colocado en una delicada situación de riesgo que todos los días suma consecuencias. De acuerdo con el investigador de El Colegio de México, Carlos López Buburrón, entre 2010 y 2025 fueron asesinadas al menos 33 personas buscadoras de desaparecidos, de las cuales 20 eran mujeres. Lo preocupante es que 21 de los 33 casos se registraron a partir de 2021. La mayor incidencia ocurre en Jalisco y Guanajuato, dos de las entidades donde la disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada ha sido más intensa en los últimos años. A esa cifra se suma el asesinato de la madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle, integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, sucedido en Mazatlán, Sinaloa, el 27 de febrero pasado. Eso pasó el mismo día en que la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Martha Lidia Pérez Gumercindo, estaban en esa entidad. Gómez Tagle buscaba a su hijo Édgar Daniel López Gómez, desaparecido el 25 de mayo de 2025 y ofrecía acompañamiento a otras mujeres y familias en la misma situación. Según la organización civil Artículo 19, en lo que va del gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, se han documentado 14 agresiones contra madres buscadoras, de las cuales seis han sido desapariciones y ocho asesinatos. A la mala, las mujeres buscadoras han tenido que aprender que en México buscar a un desaparecido implica hacer visible algo que la delincuencia quiere mantener oculto y eso las pone en peligro. Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, refiere que en el país hay más de 130,000 personas desaparecidas y más de 90% de quienes las buscan son mujeres. Subraya que lo delicado es que, dado que el Estado mexicano no cumple con su deber de buscar, coloca a las mujeres que sí lo hacen en una situación de alto riesgo. “Ellas no se ponen en riesgo, quien las coloca en esa situación es el Estado mexicano al exponerlas a búsquedas sin protección y sin acompañamiento”, remarca. Por ello, añade, el Estado es el culpable de cada uno de los asesinatos, desapariciones, ataques y amenazas que reciben.
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