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Xalapa, Ver.- En el Día Internacional de la Mujer, la ONU-Mujeres llamó a acelerar acciones para garantizar que la igualdad de derechos entre mujeres y hombres sea una realidad, a cuatro años del plazo establecido por la Organización de las Naciones Unidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Advierte que en 54 por ciento de los países la violación aún no se define con base en el consentimiento, y en 44 por ciento no existe obligación legal de garantizar igualdad salarial por el mismo trabajo. Admite que aunque el 90 por ciento de los Estados ha fortalecido su legislación para enfrentar la violencia contra las mujeres, persisten brechas en su aplicación efectiva. En América Latina y el Caribe, 20 países han tipificado el feminicidio como delito. En México, esta figura está reconocida en todas las entidades federativas. A nivel mundial, las mujeres y las niñas cuentan en promedio con solo el 67 por ciento de los derechos legales que tienen los hombres y a este ritmo, cerrar esa brecha podría tomar casi tres siglos. Pese a avances normativos y de política pública significativos, ONU Mujeres indica que “persisten retos importantes para alcanzar la igualdad sustantiva. En México, solo el 13.1 por ciento de las mujeres que experimentaron violencia física o sexual por parte de su pareja presentó denuncia ante una autoridad. Entre las principales razones para no denunciar se encuentran el miedo, la estigmatización, la revictimización, el desconocimiento de los mecanismos, la desconfianza institucional y la impunidad.” Superar estas barreras requiere que las instituciones de procuración e impartición de justicia actúen de manera articulada, con procesos oportunos, accesibles para las mujeres en toda su diversidad y alineados con los estándares de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad. En el marco del 8M 2026 y ante el 70º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), Naciones Unidas convoca a gobiernos, parlamentos, poder judicial, fiscalías y ministerios públicos, sector privado, academia, medios de comunicación, sociedad civil, sindicatos y otros actores a invertir en sistemas de justicia con perspectiva de género, garantizar asistencia jurídica accesible y de calidad y fortalecer la implementación efectiva de las leyes existentes. De igual forma a establecer políticas públicas basadas en evidencia que cierren brechas en el acceso a la justicia desde una perspectiva interseccional.
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