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XALAPA.- De acuerdo con datos preliminares de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud, el estado de Veracruz ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en nacimientos en niñas de 10 a 14 años, con 472 casos en 2025, solo después de Chiapas, Estado de México y Puebla. En el mismo periodo, el estado reportó 325 atenciones médicas a niñas por lesiones derivadas de violencia sexual. En ese sentido, Adriana Fuentes, integrante de la organización Equifonía A.C., explicó que los embarazos en niñas de estas edades deben entenderse como una consecuencia directa de la violencia sexual. “En 2024 se cerró con 621 casos. Ese dato lo tuvimos prácticamente confirmado entre abril y mayo. Ahora contamos con un registro preliminar de 472 nacimientos, aunque la cifra podría modificarse conforme se actualicen los registros oficiales”, señaló. Pese a estas cifras, el acceso a la interrupción del embarazo para víctimas de violación continúa siendo limitado. De acuerdo con el Informe General de Avance de la Secretaría de Salud, entre 2023 y 2025 solo 37 niñas menores de 15 años accedieron a una interrupción voluntaria del embarazo tras una violación sexual. Los casos se concentran principalmente en ciertos municipios del estado. San Andrés Tuxtla encabeza la lista con 25 nacimientos registrados, seguido por La Perla, con 14; Camerino Z. Mendoza, Soledad Atzompa y Veracruz, con 11 cada uno; Coscomatepec y Xalapa, con 10 casos. Otros municipios como Las Choapas, Jalacingo y Tres Valles reportan tres casos cada uno. Aunque las cifras varían entre municipios, Equifonía advierte que en los 212 municipios del estado se ha registrado al menos un caso. Adriana Fuentes refirió que de los casos analizados, al menos 218 corresponden a hombres de entre 18 y 59 años. “Es un número alarmante porque nuevamente esta cifra nos señala que los agresores son personas adultas. Y hay una cifra de 28 casos en los que no se especifica”. Por otro lado, advirtió que en los casos en los que ambos involucrados son menores, tanto la niña menor de 15 años como el menor se encuentran en una situación de vulnerabilidad que refleja omisiones de cuidado por parte de madres, padres, personas cuidadoras e incluso de las propias instituciones. Equifonía señaló que existen protocolos de actuación que establecen que el sector salud tiene la obligación de informar de manera inmediata a las fiscalías y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) cuando se brinda la primera atención a niñas con lesiones por violencia sexual, ya que se trata de un delito que debe investigarse de oficio. De igual forma, si la familia o la niña acompañada de un adulto acude a presentar una denuncia, la Fiscalía debe dar aviso inmediato al sector salud para que se brinden todos los servicios establecidos en la NOM-046, que regula los procedimientos para detectar y atender la violencia sexual. Sin embargo, refirió que los registros indican que muchas niñas llegan a término del embarazo sin que se activen mecanismos de protección. “Si una niña llega al parto significa que la violencia se prolongó durante meses sin que ninguna institución interviniera”, aseguró la activista. De acuerdo con información obtenida vía transparencia, en el periodo del 1 de enero de 2023 al 31 de octubre de 2025 se registraron únicamente 37 interrupciones voluntarias del embarazo en niñas menores de 15 años producto de violación: 16 en 2023, 11 en 2024 y 10 en 2025 hasta la fecha de corte. Son 15 los municipios en los que se realizaron estas interrupciones voluntarias del embarazo. Encabezan la lista Xalapa con 13 casos, Veracruz con 6 y Martínez de la Torre con 4. Poza Rica y Río Blanco registran dos casos cada uno, mientras que Cerro Azul, Oluta, Perote, San Andrés Tuxtla, Boca del Río, Coatepec, Cosamaloapan, Tezonapa, Tlapacoyan y Tuxpan reportaron un caso cada uno. El Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud, a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS), reportó que en ese mismo periodo se realizaron 1,681 consultas prenatales de primera vez a embarazadas menores de 15 años en Veracruz. De ese total, 626 se registraron en 2023, 802 en 2024 y 453 entre enero y el 31 de octubre de 2025. “Tratándose de víctimas de violencia sexual no hay límites de temporalidad para la interrupción voluntaria del embarazo. Con el cambio del tipo penal se puede pensar erróneamente que solamente es hasta las 12 semanas, pero no; aquí hay una diferencia entre lo que es la ILE y lo que es la IVE”, explicó Fuentes. La IVE es un derecho para las personas víctimas de violencia sexual y pueden acceder a este servicio en cualquier momento. Además de la responsabilidad institucional, se advierte que el embarazo infantil también se sostiene por patrones culturales que normalizan relaciones entre niñas y hombres adultos. “En algunas comunidades se normaliza que una niña tenga una relación con un hombre mayor o que ‘ya se haya juntado’. Pero eso es un delito”, aseguró Fuentes. Esta normalización provoca que familias y comunidades no denuncien los hechos, lo que perpetúa la violencia. En el marco del Día Internacional de la Mujer, organizaciones y defensoras de derechos humanos reiteraron la necesidad de reconocer el embarazo infantil como una consecuencia directa de la violencia sexual, a fin de visibilizar la problemática y exigir una respuesta institucional. Para Equifonía, la prioridad debe ser colocar a las niñas en el centro de las políticas públicas, garantizando justicia, salud y protección integral. Así las cosas.
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