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XALAPA.- De acuerdo con la magistrada Celia Maya García, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), el 8 de marzo representa una oportunidad para reflexionar sobre las deudas que como sociedad y como instituciones siguen pendientes frente a las realidades que enfrentan millones de mujeres en el país. Al inaugurar la exposición “Siempre estuvimos aquí. Historia de las mujeres indígenas”, destacó que las deudas institucionales con mujeres, niñas y adolescentes siguen siendo una tarea pendiente. De ese modo, el TDJ del Poder Judicial de la Federación (PJF) llevó a cabo una jornada institucional de reflexión y reconocimiento sobre los derechos de las mujeres, “con el objetivo de sensibilizar a funcionarias y funcionarios sobre la importancia de aplicar la perspectiva de género en sus labores diarias”. Celia Maya señaló que esas desigualdades se hacen especialmente visibles en la vida de niñas y adolescentes, quienes todavía enfrentan barreras estructurales para acceder plenamente a oportunidades educativas, sociales y económicas. Refirió que esas condiciones de exclusión se profundizan cuando se viven en contextos de rezago o marginación, y se agravan aún más cuando median factores de discriminación por origen indígena. La magistrada destacó que la exposición recuerda “una verdad frecuentemente invisibilizada: las mujeres indígenas siempre han estado presentes en la vida comunitaria, en la preservación de las lenguas, en la transmisión de saberes, en la defensa de los territorios y en la construcción cultural del país. Por ello, aseguró que la historia de México no puede comprenderse sin ellas y que esta muestra constituye no solo un ejercicio de memoria histórica, sino también una invitación a reconocer y valorar su papel en la construcción de la identidad colectiva. Por su parte, la magistrada del TDJ, Indira Isabel García Pérez, afirmó que el mandato constitucional no distingue entre hombres y mujeres, sino que “reconoce derechos, garantiza libertades y establece una igualdad como base de un orden jurídico”, el cual implica asegurar, en cada decisión y actuación, no solo una política institucional, sino un compromiso para recobrar la confianza ciudadana.
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