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XALAPA.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sostuvo por unanimidad que, frente al impacto del tráfico ilícito de armas en el goce de los derechos humanos, los Estados deben ejercer debida diligencia en la regulación, supervisión y fiscalización de la comercialización de armas de fuego, así como en la gestión de sus arsenales y de las armas decomisadas, con el fin de evitar su desvío hacia el mercado ilegal. Así lo señaló el presidente del tribunal, Rodrigo Mudrovitsch, al dar a conocer los puntos centrales de la Opinión Consultiva 30 de 2025, solicitada por México. La resolución se da en un contexto en el que Estados Unidos permanece como la principal fuente de armas utilizadas en delitos en México. El gobierno mexicano ha señalado que alrededor de 200 mil armas de origen estadunidense son traficadas cada año hacia territorio mexicano. De acuerdo con estimaciones del propio gobierno de Estados Unidos, las armas provenientes de ese país y recuperadas en México entre 2017 y 2021 representaron 74 por ciento de las utilizadas en delitos que pudieron ser rastreadas hasta un comprador. La opinión consultiva fue solicitada por el gobierno mexicano en noviembre de 2022, durante la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en relación con la responsabilidad de los Estados y las actividades de empresas privadas de la industria armamentista y sus efectos en los derechos humanos. México planteó que la falta de debida diligencia y las prácticas negligentes o intencionales en la fabricación y comercialización de armas facilitan su tráfico ilícito y su disponibilidad indiscriminada, lo que incrementa la violencia en la región. Durante el acto de notificación realizado en la sede del tribunal en San José, Costa Rica, y transmitido vía internet, el juez explicó que la Corte analizó la consulta presentada por el Estado mexicano y reformuló las preguntas planteadas para concentrarlas en un interrogante central: “¿Cuáles son las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos frente al tráfico ilícito de armas?”. Mudrovitsch subrayó que el tribunal examinó el contexto regional de violencia vinculada a la circulación ilegal de armamento. Señaló que diversos países han advertido de forma reiterada que el tráfico ilícito de armas alimenta la criminalidad y tiene consecuencias directas sobre derechos protegidos por la Convención Americana y otros instrumentos internacionales. "Los Estados de la región han señalado de forma consistente que el tráfico ilícito de armas tiene un impacto en la violencia y la criminalidad”, indicó el presidente de la Corte. Agregó que esta situación repercute de manera directa en el ejercicio de derechos fundamentales como la vida y la integridad personal. Ante ese escenario, el tribunal concluyó que los Estados tienen un deber de debida diligencia frente a actividades que puedan derivar en el tráfico ilícito de armas. Ese deber comprende cuatro obligaciones principales: adoptar normas internas adecuadas, supervisar las actividades empresariales vinculadas al sector, garantizar recursos judiciales efectivos para las víctimas y promover la cooperación internacional. En cuanto a la adopción de disposiciones de derecho interno, la Corte señaló que los Estados deben garantizar el marcaje, registro y rastreo de las armas de fuego para permitir su seguimiento. También deben realizar evaluaciones de riesgo antes de autorizar importaciones o exportaciones de armamento, con el fin de prever posibles consecuencias negativas como el deterioro de la seguridad o la comisión de violaciones graves al derecho internacional humanitario o a los derechos humanos. El tribunal añadió que los gobiernos están obligados a establecer medidas de seguridad y gestión de arsenales estatales y de armas decomisadas para evitar que estas sean desviadas hacia redes ilegales. En relación con el papel de las empresas privadas, Mudrovitsch explicó que los Estados deben supervisar y fiscalizar sus actividades para asegurar que cumplan con las regulaciones sobre comercio de armas y con las obligaciones de respeto a los derechos humanos. Esto incluye la aplicación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Asimismo, la Corte subrayó que los Estados deben garantizar recursos judiciales efectivos cuando se produzcan afectaciones a los derechos humanos vinculadas al tráfico de armas, ya sea por acciones del propio Estado o de actores privados cuando se demuestre falta de prevención. Finalmente, el tribunal destacó que los países tienen la obligación de cooperar de buena fe para prevenir el tráfico ilícito de armas y sus efectos en el aumento de la violencia.
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