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XALAPA.- Mientras el gobierno federal se preocupa más por lo que ocurre en otros países el desplazamiento forzado interno "se ha agudizado" en estados como Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo, debido a las crecientes violencias ocasionadas en su mayoría por el crimen organizado, advierte el Colectivo de Personas Víctimas de este fenómeno. Al mismo tiempo, denuncia que la personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, debido a la "incertidumbre jurídica” en que se encuentran y ante la falta de atención por parte de los tres órdenes de gobierno. Alerta que, “No existe una ley federal ni políticas públicas adecuadas” para garantizar la protección, procuración de justicia diligente y eficaces para investigar los actos de violencia que derivaron a los desplazamientos”. Las familias víctimas de la inseguridad dejaron su territorio, para salvaguardar sus vidas, y evitar riesgos como el reclutamiento forzado, desapariciones, extorsión y violencia criminal generalizada, explica. El Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado –conformado por 12 comunidades de personas desplazadas y 16 organizaciones civiles– acusó que la atención institucional ha sido “insuficiente y limitada”, debido a que las autoridades de los gobiernos municipales y estatal “han menospreciado la gravedad” de las emergencias. Señala que la situación es crítica en Chihuahua, donde los pasados 24 y 25 de febrero más de 200 familias, entre quienes había mujeres y niños, fueron desplazadas de manera forzada y abandonaron la zona serrana de Atascaderos, en los límites de Durango y Sinaloa, para buscar refugio en Hidalgo del Parral ante la “impune operación” de grupos criminales. Un caso similar ocurrió en Apatzingán, Michoacán, la cual “destaca como la demarcación con mayor cantidad de víctimas documentadas”. En esta entidad, a pesar de contar con un reglamento especializado desde octubre de 2024, el colectivo denunció que este "nunca ha sido ejercido por el gobierno municipal". Menciona que el operativo de seguridad realizado el 22 de febrero, en el que resultó abatido Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, ex líder del cártel Jalisco Nueva Generación, “abrió un periodo para que grupos criminales potencialicen el incremento de la violencia armada, despojo y control territorial que puede traer consigo repercusiones en cada entidad”. Al respecto, indicó que dos semanas antes de esto, Tecoanapa, Guerrero, “una comunidad entera” huyó incluso aun con la presencia de la Guardia Nacional. Hasta la fecha, "no hay registro oficial de las personas desplazadas porque han sido coaccionadas a no nombrar el conflicto en su localidad", lo que impide el acceso a ayuda humanitaria básica. Ante esta crisis, las organizaciones integrantes como Serapaz, la Red TDT, entre otras, demandaron a los gobiernos de los tres niveles a proporcionar garantías de protección y atención humanitaria para las comunidades desplazadas, además de generar acciones interinstitucionales para su reubicación temporal.
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