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Exalcalde de Ixtaczoquitlán reconoce haber recibido amenazas tras atentado en Fortín; Posesionarios de Santa Ana Atzacan exigen anular contratos que consideran fraudulentos y exigieron revisar actuación del Poder Judicial .
Domingo 01 de Marzo de 2026
Por: REDACCION GOBERNANTES
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XALAPA.- Luego de acudir a presentar la denuncia ante la Fiscalía Regional por el ataque armado que sufrió la tarde de ayer en el municipio de Fortín, el exalcalde de Ixtaczoquitlán, Nahúm A.P., reconoció que en repetidas ocasiones ha sufrido amenazas. El también exlegislador local refirió que desde que era alcalde sufrió constantes agresiones, aunque no abundó en cuanto a la forma, debido a que los detalles forman parte de otras denuncias presentadas de manera previa. El ex alcalde acudió a presentar la denuncia y confirmó que durante las agresiones con arma de fuego resultaron lesionados su chofer y una de sus escoltas, quienes se encuentran fuera de peligro, luego de recibir atención médica. El exfuncionario municipal consideró que el ataque podría estar relacionado con su función pública, pues según él, no mantiene conflictos personales. De acuerdo con los reportes, sujetos armados interceptaron la camioneta Chevrolet doble cabina, color negro, modelo reciente, y abrieron fuego de manera directa. En el lugar fueron asegurados más de 30 casquillos percutidos de armas de alto poder….POSESIONARIOS DE las parcelas ejidales 194 Z-1P1/2 y 195 Z-1P1/2 del Ejido Santa Ana en el municipio de Atzacan presentaron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXXI, en Xalapa, para solicitar la nulidad absoluta de dos contratos fechados el 21 de junio de 2016, los cuales, aseguran, fueron avalados por autoridades incompetentes en materia agraria. Acusaron que la elaboración de contratos presuntamente apócrifos forma parte de una red inmobiliaria que, mediante litigios civiles, busca apropiarse de tierras ejidales en la región de Orizaba. Por lo anterior, solicitaron que se revise la actuación de personal judicial vinculado con los casos denunciados. Paulino López Anzures, representante de los afectados, informó que quedó integrado el expediente 528/2025, donde se reconoce que los titulares originales de las parcelas son Ricardo Florencio Ortega Vásquez, en el caso de la 194 Z-1P1/2, y Baldomero Vargas Corona, respecto a la 195 Z-1P1/2. Explicó que tras obtener el dominio pleno, ambos realizaron la primera enajenación conforme a la Ley Agraria en favor de Paulino López Anzures y Sthefany García López. Sin embargo, señaló que autoridades validaron contratos para beneficiar al empresario Orlando “N”, quien habría presentado como vendedor a un supuesto propietario identificado como Alex “N”. Los posesionarios señalaron que el conflicto escaló el 21 de noviembre de 2023, cuando afirman, un grupo de aproximadamente 30 personas acompañadas de maquinaria pesada ingresó a los predios y obligó a los ocupantes a retirarse. Durante esos hechos, denunciaron la demolición de viviendas, linderos y cimientos, así como la obstrucción de servidumbres de paso. Señalaron que el desalojo afectó el patrimonio de varias familias y un proyecto de lotificación de interés social donde más de 50 familias ya tenían posesión. Sin embargo, en aquella ocasión, señalaron que por temor a agresiones abandonaron los terrenos. Los denunciantes también manifestaron preocupación por presuntos movimientos irregulares en los predios, ubicados a la entrada de Santa Ana Atzacan, sobre la carretera Orizaba-Atzacan. Aseguran que ejidatarios vecinos han observado la instalación de cámaras de vigilancia y la presencia constante de personas con indumentaria tipo militar, lo que les genera incertidumbre. En su declaración, acusaron que jueces civiles, magistrados e incluso exministros habrían dado validez a contratos firmados por personas ajenas a la titularidad de las parcelas. De igual forma, señalaron posibles omisiones en diligencias, la actuación indebida de una actuaria y la presunta emisión de informes falsos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Concluyeron que su recurso ante el órgano agrario tiene como finalidad frenar lo que consideran un intento de despojo y que se restituya la legalidad sobre las parcelas en disputa, al sostener que las resoluciones civiles vulneraron la Ley Agraria y afectaron sus derechos como legítimos poseedores.

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