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XALAPA.- A través de un reporte, la calificadora Moody’s reconoció que los enfrentamientos y violencia que registra México influyen en el perfil crediticio del país. Sin embargo, la institución financiera destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha modificado la política de seguridad respecto de su predecesor Andrés Manuel López Obrador, quien evitaba confrontar directamente con los cárteles. “La creciente confrontación con los cárteles subraya riesgos de seguridad. Si bien mayores niveles de violencia podrían tener efectos negativos a corto plazo, avances significativos en materia de seguridad serían positivos en términos crediticios en el largo plazo”, destacó. Incluso, planteó que mientras la violencia se limite a áreas que no son críticas para la actividad macroeconómica, como la industria, la manufactura o el turismo, no anticipa implicaciones crediticias significativas. “Consideramos que la seguridad es un riesgo social clave para México y una restricción estructural para el crecimiento económico porque aumenta los costos para las empresas, incluido el pago de extorsiones, y empeora el entorno operativo”, refirió. La calificadora aseguró que la cooperación y el intercambio de información entre México y Estados Unidos también han aumentado después de haber disminuido bajo la administración López Obrador. Además, destacó que el gobierno de Trump ha hecho hincapié en la lucha contra los cárteles en América Latina y los ha designado como organizaciones terroristas, “lo que aumenta la probabilidad de una intervención directa de Estados Unidos, como ocurrió en Venezuela”. “La gestión gubernamental de episodios de violencia que podrían intensificarse en los próximos meses será fundamental de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), tanto para la relación bilateral con EU., como en el marco de los preparativos de México para albergar los partidos del próximo mundial de fútbol”, comunicó Moody’s. “Hasta ahora, Sheinbaum ha rechazado la participación directa de Estados Unidos, pero las acciones de su gobierno, incluyendo ataques directos contra los cárteles y la extradición de sus miembros buscados por el sistema judicial estadunidense, indican un enfoque más directo para abordar este riesgo clave para México”. La calificadora recordó que el pasado 22 de febrero, el gobierno de México anunció que las fuerzas armadas abatieron al líder del cártel Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. En ese tenor, Moody's refirió que la violencia estalló en algunos lugares inmediatamente después de la operación, cuando las fuerzas de seguridad se enfrentaron al cártel. Manifestó que la muerte de El Mencho marca un importante punto de inflexión para el grupo delictivo, dado su amplio alcance territorial y sofisticación operativa. “Tras la operación militar, la violencia localizada en zonas con una fuerte presencia del cártel incluyó bloqueos de carreteras e incendios de vehículos con el objetivo de entorpecer la actuación de las fuerzas de seguridad y demostrar su poder”, aseguró Moody’s. Destacó que la rápida difusión de desinformación, incluyendo imágenes y videos generados con inteligencia artificial (IA), intensificó la percepción de desorden. “Pese a que la desinformación no alteró significativamente los mercados financieros ni los servicios públicos, constituye un riesgo emergente que puede incrementar la ansiedad social, complicar la gestión de crisis y poner a prueba la capacidad institucional de comunicación durante episodios de tensión vinculados a la seguridad”, declaró la calificadora. “Aunque es probable que se produzcan acciones de represalia a corto plazo por parte del cartel y disputas internas por la sucesión, los enfrentamientos anteriores, fueron normalmente breves y geográficamente acotados”, señaló. “Creemos que los posibles enfrentamientos tienen un riesgo limitado de extenderse a las principales ciudades o de alterar significativamente la actividad económica general”, agregó. Moody’s concluyó que, en el frente fiscal, las crecientes presiones sobre el gasto han llevado al gobierno a reducir el presupuesto de seguridad, pero un nuevo aumento de la violencia podría provocar un cambio de rumbo y limitar la consolidación fiscal.
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