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Xalapa, Ver.- El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar señala que es momento de “reconstruir todo el sistema de fiscalización y de auditorías en nuestro país”, incluyendo una reforma a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En el foro “Propuestas para mejorar la fiscalización en México”, celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, coincidió con académicos y especialistas en que se requiere acortar los plazos de revisión de la cuenta pública, fortalecer la transparencia y blindar la designación del titular de la ASF, en particular mediante la eliminación de la reelección. El diputado lamentó que la reforma en la materia no se discutiera antes de la emisión de la convocatoria para renovar la titularidad de la Auditoría Superior, pero adelantó que el tema se integrará al paquete de iniciativas anticorrupción que enviará el Ejecutivo federal. “Hemos llegado al acuerdo entonces de que el tema de la fiscalización y auditorías entre dentro de todo ese paquete”, expresa. Respecto a la posibilidad de que haya una reelección en la ASF —pues el actual titular, David Colmenares, ha dicho que buscará un segundo periodo—, Ramírez Cuéllar señala que es “un exceso durar 16 años a cargo de la Auditoría Superior” y adelantó que su voto será en contra de cualquier intento de reelección. Indica que a su juicio, es necesario “desmontar una red de complicidades” que ha parcializado auditorías y debilitado el fincamiento de responsabilidades. Roberto De la Rosa, del Tecnológico de Monterrey, advierte que sólo dos de 25 cuentas públicas han sido cerradas sin observaciones desde 2000 y alerta sobre la sobrecarga de auditorías y la calidad de las mismas. Respaldó la publicación oportuna del programa anual y el restablecimiento del Consejo de Dirección, así como mayor transparencia mediante expedientes electrónicos. Por su parte, Lourdes Morales, de México Evalúa, llama a blindar la designación del nuevo titular con máxima publicidad y criterios técnicos, fortalecer los mandatos anticorrupción vigentes y activar mecanismos de participación ciudadana hoy inoperantes, para que la fiscalización tenga impacto real en la vida pública.
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