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XALAPA.- Ante la tendencia de envejecimiento de la población privada de su libertad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un llamado “urgente” para modificar las condiciones en las que se encuentran las personas de la tercera edad en reclusión, ya que las prisiones tienen infraestructura inaccesible y carecen de protocolos para atender diversas enfermedades degenerativas de este sector. Durante un pronunciamiento sobre el deber del Estado de garantizar los derechos humanos a este grupo de edad recluidas en cárceles, la ombudsman nacional Rosario Piedra Ibarra detalló que el documento propone la adopción de medidas preventivas frente al envejecimiento de la población penitenciaria, analizando y atendiendo contextos específicos. En el acto, realizado en la sede de la CNDH “Rosario Ibarra de Piedra” y donde no se permitieron preguntas a la prensa, Nestora Salgado, directora de la Tercera Visitaduría de la comisión, informó que según datos del diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2023, en los 264 centros estatales supervisados, se registró una población de 213 mil 233 personas privadas de la libertad, de las cuales 7 mil 668 son personas mayores. En los 14 centros federales supervisados, hay 19 mil 794 internos, de ellos 511 son de la tercera edad. Edgar Olivares Agustín, subdirector jurídico del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, mencionó que el sistema penitenciario fie diseñado principalmente para la población joven. Explica que debido a las condiciones de reclusión, el desgaste físico y mental en prisión equivale a tener hasta 15 años más que en libertad. Admite que si las prisiones tienen infraestructura inaccesible y falta de protocolos para diversas enfermedades degenerativas y padecimientos como el Alzheimer. Por ello, se den de abordar fenómenos como los síndromes geriátricos y la feminización del envejecimiento. De acuerdo con la CNDH, entre los cuatro puntos que recomienda el documento está elaborar un programa de trabajo para atender las condiciones de vida de las personas mayores privadas de libertad para la puesta en marcha de acciones a corto, mediano y largo plazo con enfoque gerontológico y que esté orientado a garantizar las condiciones dignas de vida, salud, alimentación, estancia y atención especializada. También, la creación de una guía de identificación, seguimiento y atención para los casos de maltrato, abandono, discriminación o negligencia institucional hacia este grupo, especialmente cuando se trate de mujeres o personas con discapacidad. Otra propuesta va dirigida a las entidades federativas para que instalen una mesa de seguimiento a la atención de las condiciones de estancia en las prisiones a fin de dar cumplimiento a las propuestas derivadas de este pronunciamiento; además de fortalecer la capacitación y sensibilización del personal que labora en los centros de reclusión.
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