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XALAPA.- En el último lustro varios gobiernos han mostrado su poca tolerancia a la libertad de prensa y con el fin de limpiar constantemente su imagen crearon oficinas que operan bajo el derecho de réplica del Estado, con dinero del erario público y con las que con mensajes de “fake news” buscan reprobar el trabajo de la prensa, prueba de ello es la sección “Quién es quién en las mentiras” que impulsó Andrés Manuel López Obrador en 2021 y con el objetivo es estigmatizar a los medios. Este mismo formato fue retomado por el gobierno del argentino Javier Milei, quien creó el pasado 6 de febrero la Oficina de Respuesta Oficial (ORORA). Varios países han implementado mecanismos gubernamentales con cargo al erario público para confrontar o “desmentir” la narrativa de la prensa bajo el argumento de que combaten la desinformación. Uno de los países que ha echado mano de esta herramienta para tratar de equilibrar las críticas de los medios es Estados Unidos, que recientemente lanzó el portal oficial Media Bias, con la que busca exponer lo que consideran “fake news”, una copia del “Quién es quién en las mentiras” que impulsó López Obrador en el 2021 y que carecía de legalidad al utilizar la tribuna de sus conferencias matutinas para informar lo que él quería que se supiera, mientras lanzaba una cacería contra periodistas que exhibían la incapacidad de oficinas de gobierno. La Casa Blanca lanzó en diciembre de 2025 el “Portal de Sesgo Mediático”, que incluye una lista de periodistas, medios de comunicación y artículos que considera tendenciosos contra la Administración Trump. Otras naciones que también encontraron en una oficina contra los medios, donde el objetivo es refutar sistemáticamente noticias que el Estado clasifica como falsas son Reino Unido y China. Reino Unido estableció la Online Safety Act (Ley de Seguridad en Línea), que le otorga al gobierno la capacidad de controlar conversaciones y penalizar contenidos, lo que ha generado preocupación por una posible “censura digital” y amenazas a la libertad de expresión, afectando cómo los medios comparten información. De China, el modelo de gigante asiático se encamina al control de los medios de comunicación, ya que no sólo tiene periódicos y medios digitales para desmentir a la prensa crítica, sino que “su control sistémico se rige por ser la mayor cárcel de periodistas del mundo, con 113 casos documentados de comunicadores detenidos, según el más reciente informe de Reporteros sin Fronteras (RSF). En la misma lista aparecen Rusia y Malasia, cuyos gobiernos echan mano de portales web y leyes específicas que penalizan y desmienten información considerada “falsa” por las autoridades. Venezuela no puede quedare fuera de esta lista negra, ya que a través del Ministerio de Comunicación mantiene una narrativa constante de ataque a los medios críticos al régimen represor a lo que denominan “dictadura mediática”. Artículo 19 resalta que actualmente varios gobiernos han adoptado sistema de ataque a los medios que critican o exhiben la inoperatividad de dependencias gubernamentales. Asimismo, destaca que en democracias, la prensa responde ante la ley por difamación tras un juicio, sin embargo, estas oficinas que satanizan el trabajo de la prensa suelen aplicar un juicio sumario mediático sin derecho a la defensa previa del periodista. Asimismo, Reporteros Sin Fronteras refiere que estas oficinas creadas para refutar las investigaciones de los medios suelen generar controversia, ya que, a decir de organismos internacionales y tribunales, estos entes del gobierno pueden convertirse en instrumentos de estigmatización contra periodistas que exhiben incapacidades de los gobiernos.
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