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| Tribunal de Guanajuato resuelve pedir a la Corte atraer el caso de Guadalupe Barajas, hallada en una fosa en Salvatierra. | ||||||
| Guadalupe Barajas desapareció el 29 de febrero del 2020 y un año después fue hallada en una fosa clandestina en Guanajuato. Su hermano Javier, que persistió en su búsqueda, fue asesinado el 29 de mayo de 2021. | ||||||
| Miércoles 18 de Febrero de 2026 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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De los 80 cuerpos recuperados en 2020 en una fosa clandestina en dicha localidad, el caso de Lupita —como la conocían su familia y amigos— es el único que se ha judicializado y logrado un fallo condenatorio. Su madre y padre, Ma del Tránsito Piña y Javier Barajas Barrera, relataron a Animal Político las múltiples ocasiones en las que casi lograron obtener justicia, mientras uno y otro revés tumbaron esa posibilidad, que ahora quedará en manos de la Corte. Guadalupe desapareció el 29 de febrero del 2020 y un año después fue hallada en una fosa clandestina. Su hermano Javier, que persistió en su búsqueda y de muchas maneras contribuyó a ese hallazgo, fue asesinado el 29 de mayo de 2021. Ma del Tránsito y Javier Barajas siguen en la tarea de buscar verdad y justicia para sus hijos, lo que derivó en la decisión de este miércoles. La causa penal en torno al delito de desaparición forzada agravada cometida por particulares, por el caso de Lupita, se inició el 26 de octubre de 2021. Por esta, primero se vinculó a proceso a Carlos Manuel “N” y Socorro Alejandro “N” y más tarde, a César Enrique “N” —vinculado también en el proceso que se sigue por el asesinato de Javier– y a Julio César “N”. Tres de los condenados promovieron el amparo 51/2025 contra la sentencia que pesa en su contra. Durante la sesión de este miércoles del tribunal colegiado de Guanajuato, que en primera instancia ratificaría o rechazaría la sentencia, el magistrado Roberto Hoyos Aponte en cambio, propuso la atracción del caso por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerar que el asunto es de máxima trascendencia e importancia. Sobre el tema, dijo, la Suprema Corte podría establecer un criterio que dé pauta a una resolución significativa del asunto, pues se trata de un escenario procesal común —posible presión o práctica de intimidación a los testigos— en torno a un fenómeno de interés superlativo, como la desaparición, al tratarse de un crimen de lesa humanidad, que se traduce en una violación permanente y pluriofensiva de los derechos de las víctimas. Además, “ha reportado un incremento significativo en incidencia, tornándolo en un problema sistémico en el país; eso ya ha sido reconocido por instancias nacionales e internacionales”. Todo ello, de acuerdo con Hoyos Aponte, denota la trascendencia jurídica del asunto, que, vinculado al interés superlativo de la sociedad en el fenómeno de la desaparición de personas, actualiza las condiciones que justifican la solicitud del ejercicio de la facultad de atracción por la Suprema Corte, en lo que coincidieron el resto de los magistrados. Esto abre una nueva puerta en el camino de la madre y el padre de Lupita y Javier, que siguen pidiendo justicia por la desaparición de la primera y el asesinato del segundo, siempre bajo el reclamo de que las leyes no se usan en favor de las víctimas, lo que se agrava por los vínculos entre imputados o autoridades con grupos de delincuencia organizada, contra los que se prefiere no actuar. Ma del Tránsito resaltó, mientras pedía este martes una resolución favorable al tribunal colegiado, que las autoridades no han tenido voluntad en su caso, ni cuando tienen todas las pruebas en la mano de cómo fue violentada y asesinada su hija. Los procesos judiciales, para ella, han enfrascado su búsqueda de verdad y justicia, pero conserva una esperanza en funcionarios y jueces que puedan hacer bien su trabajo. A la Suprema Corte le quedará esa tarea. La relevancia del caso de Lupita es que una sentencia definitiva puede marcar camino para muchos otros en Guanajuato, azotado por la violencia y desapariciones que se han agudizado desde hace siete u ocho años, con más de 3 mil 500 personas no localizadas entre 2020 y 2026. El Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos ha documentado que Guanajuato y Sonora son las entidades con mayor número de familiares de personas que son desaparecidas o asesinadas por su labor de búsqueda. El año 2022 ha sido el más letal y, en todos los casos, han ocurrido antes amenazas, hostigamiento, vigilancia o ataques a su patrimonio. Por: Marcela Nochebuena |
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