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Xalapa, Ver.- En un escenario de alta percepción de corrupción en el país, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo fue cuestionado por la disminución en los montos observados y en la interposición de denuncias, a lo que respondió que a la institución “no le pagan por recuperar recursos que se vayan a la Tesorería de la Federación”, sino por vigilar que el gasto público se ejerza conforme a lo aprobado por el Congreso. Justifica que el enfoque preventivo adoptado durante su administración ha sido la estrategia “más útil y eficiente” en la fiscalización superior. En la fase final de su gestión, Colmenares, de 74 años, presentó este martes, en el Salón Verde de la Cámara de Diputados, la Tercera Entrega de los Informes Individuales de Auditoría y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2024, la última fiscalización del sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo hizo a un día de que se emita la convocatoria para renovar la titularidad de la ASF, cargo para el que fue designado en 2018 por ocho años y respecto del cual ha manifestado su interés en relegirse. Al término del acto —que incluyó un discurso de 19 minutos, más breve que en ocasiones anteriores, cuando solía rebasar la media hora— el auditor se atrincheró durante media hora en un salón adjunto al Verde, de donde como en ocasiones anteriores fue retirado en silla de ruedas. A la pregunta expresa de si buscará la relección respondió: “ya tengo hambre”. Y ante la insistencia sobre si se va satisfecho con su trabajo, atajó: “tengo que ir a Oaxaca”. Así se retira David Colmenares con una gestión debilitada y al servicio del gobierno. En esta tercera entrega se realizaron mil 556 auditorías, de un total de 2 mil 264 practicadas a la Cuenta Pública 2024 —la cifra más alta en la historia de la institución, según el propio auditor—. De los 188 informes correspondientes a entes del gobierno federal, se reportaron más de 5 mil millones de pesos pendientes de aclaración por parte del Poder Judicial, órganos constitucionales autónomos y dependencias de la administración pública federal, concentrándose la mayor parte en empresas del Estado. En el ámbito subnacional se detectaron presuntas irregularidades por más de 54 mil millones de pesos. De ese total, 36 por ciento correspondió a gobiernos estatales y más de 59 por ciento a municipios y alcaldías, donde la principal irregularidad fue la falta de documentación para acreditar el destino de recursos federales. Tan sólo en las mil 378 auditorías al gasto federalizado se emitieron pliegos de observaciones por 42 mil millones de pesos y solicitudes de aclaración por 12 mil millones. Además, se determinaron casi 2 mil millones por aclarar en auditorías forenses y más de 2 mil millones en universidades públicas estatales. Como resultado de la intervención de la ASF, se recuperaron más de 2 mil millones de pesos para la Federación.
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