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XALAPA.- Regulación de jueces sin rostro podría generar graves riesgos de inconvencionalidad, violaciones al debido proceso y una eventual oleada de nulidades, alertaron académicos, litigantes y expertos en materia judicial, durante los foros para analizar la propuesta sobre personas juzgadoras con identidad reservada en casos de delincuencia organizada. Durante el ejercicio convocado por la Comisión de Justicia, del Senado se advirtió que la iniciativa para modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales podría convertirse en un “parche legislativo” si no se integra a una reforma integral del sistema de justicia penal. El director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Jorge Nader Kuri, subrayó que la identidad reservada de los jueces ya fue incorporada por el Constituyente, por lo que el debate no es si existe o no, sino cómo regularla sin romper la coherencia del sistema penal. Advirtió que proteger solo a jueces de control o de enjuiciamiento resulta insuficiente, ya que en los procesos por delincuencia organizada también intervienen jueces de amparo, tribunales colegiados e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Si la lógica es evitar presiones o riesgos, la protección tendría que extenderse a todos los operadores, no solo a algunos”, señala. Desde una perspectiva crítica, la penalista Mariana Cruz Castro sostuvo que la figura es inconvencional desde su origen, al contravenir estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente el derecho a ser juzgado por un juez competente, imparcial y previamente identificado. Recordó los precedentes de Perú y Colombia, donde los juicios con jueces sin rostro derivaron en sentencias anuladas y condenas internacionales. “Reservar la identidad del juez coloca al imputado en estado de indefensión y rompe el equilibrio procesal”, afirmó, al tiempo que propuso fortalecer primero los mecanismos de protección existentes para juzgadores antes de avanzar hacia el anonimato judicial. El investigador Alberto Enrique Nava Garcés fue más contundente al señalar que los jueces sin rostro representan un síntoma de la incapacidad del Estado para garantizar seguridad sin sacrificar derechos. Comparó el escenario con una “pesadilla kafkiana”, en la que el justiciable no sabe quién lo juzga ni bajo qué condiciones. Añadió que organismos como México Evalúa han rechazado esta figura por fomentar opacidad y debilitar la confianza en la justicia. Por ello, llamaron al Senado a integrar este debate en una reforma integral, cuidadosamente evaluada y alineada con estándares constitucionales y convencionales.
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