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XALAPA.- Como si algo le faltara al ex gobernador Javier Duarte – recién imputado por otro delito, ahora por el desvío de 5 millones de pesos, por el que el juez le dictó prisión preventiva justificada -, este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum le puso el último clavo a su expediente al calificar como “un fraude y un delito” el desvío de recursos perpetrado durante el gobierno del cordobés. Y es que, luego de la nueva acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto desvío de recursos públicos destinados a población vulnerable, la mandataria federal fue cuestionada sobre la investigación por peculado que involucra al ex gobernador y sobre las “tácticas dilatorias” que, según la Fiscalía, se han planteado en audiencias, a lo que señaló que el proceso corresponde a las instancias de procuración e impartición de justicia. “No nos corresponde en este caso a nosotros, no cuando hay una denuncia penal. La Fiscalía abre su carpeta y presenta ante un juez la orden de aprehensión en su caso. Y ya el Poder Judicial tendrá que tomar su decisión”, aseguró Sheinbaum. Sin embargo, al referirse a los señalamientos por el manejo de recursos de salud durante el gobierno de Duarte en Veracruz, la titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó: “La opinión pues obviamente es que es un fraude y un delito”. Más aún, la presidenta vinculó el caso con el esquema de operación del Seguro Popular, al recordar que los recursos federales eran transferidos a los estados para la compra de medicamentos. “Y se daba el dinero a los estados” para que las entidades adquirieran insumos, explicó. “Y se llegaron a dar casos como este de Veracruz, en donde en vez de comprar medicamentos, pues se robaron el dinero y en vez de dar medicamentos, pues dieron otra cosa. Imagínense a niños enfermos”, expresó. Habría que recordar que un juez dictó prisión preventiva justificada contra Duarte por su probable responsabilidad en el delito de peculado, relacionado con el presunto desvío de cinco millones de pesos de un fondo destinado a personas en condición vulnerable en 2012. Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso que la Fiscalía imputó al exmandatario haber ordenado la mezcla de recursos federales y estatales para transferirlos a diversas cuentas bancarias y dificultar su rastreo. De acuerdo con la acusación, el mecanismo consistió en integrar fondos de distintos orígenes y redistribuirlos posteriormente, práctica referida como “la licuadora”. Duarte de Ochoa cumple actualmente una sentencia de 9 años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa derivada de un procedimiento abreviado. La nueva causa penal se tramita de manera independiente y, en caso de vinculación a proceso y eventual sentencia condenatoria, el ex mandatario estatal podría continuar en prisión.
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