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Xalapa, Ver.-
Horas después del reclamo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contra la visita a México de la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la anticastrista y ciudadana estadunidense de origen cubano Rosa María Payá, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó no recibió notificación previa sobre su visita a México y señaló que los integrantes de ese organismo “deben notificar las visitas oficiales y/o de carácter privado que realicen al país”, en apego a las prácticas diplomáticas establecidas. Por esto, reveló, envío una nota diplomática a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH. Un día antes trascendió que, Payá estuvo recientemente en México y que el 22 de enero participó en un foro organizado por la Universidad de la Libertad, patrocinado por el Centro Ricardo Salinas Pliego, donde compartió espacio con actores de la derecha mexicana y emitió críticas al gobierno cubano. En un comunicado, la Cancillería indicó que tuvo conocimiento de la participación de Payá en dicho foro celebrado en la Ciudad de México “mediante información difundida en medios”. Recordó que la comisionada fue electa el 27 de junio de 2025 e inició funciones el 1 de enero de 2026. La SRE explica que, de conformidad con el artículo 12 del Estatuto de la CIDH, las y los miembros de la Comisión gozan de inmunidades reconocidas por el derecho internacional a los agentes diplomáticos, por lo que existe una práctica institucional que establece la obligación de informar previamente a la dependencia sobre las visitas oficiales o privadas que realicen al país, así como las actividades previstas. “La Cancillería no recibió notificación alguna por parte de la comisionada Payá respecto del viaje que efectuó a México”, señala. Ante esta situación, la dependencia informó que dirigió una nota diplomática a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH para reiterar la importancia de que las y los comisionados se ciñan a la práctica institucional establecida. Asimismo, recordó lo dispuesto en el artículo 4 del Estatuto del organismo, en el sentido de que el cargo de comisionado es incompatible con actividades que pudieran afectar su independencia o imparcialidad. En el escrito, el gobierno de México reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos y con una relación institucional con los órganos internacionales basada en el diálogo, la cooperación y el respeto a las normas y prácticas diplomáticas.
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