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XALAPA.- Vaya caso, de acuerdo con el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, desde este miércoles comenzó a operar la Plataforma Digital de Veracruz para registrar y concentrar resoluciones firmes relacionadas con sanciones por faltas administrativas graves y actos de corrupción, tanto de servidores públicos como de particulares. El arranque fue declarado por el citado Comité al establecer la puesta en marcha del componente identificado como Sistema 3, cuyo propósito es que las autoridades y áreas que realizan contrataciones, designaciones o verificaciones de antecedentes cuenten con una fuente de consulta sobre sanciones administrativas graves ya confirmadas. Según el acuerdo de inicio, la plataforma integrará las resoluciones emitidas por autoridades competentes que hayan quedado firmes y que, por su naturaleza, generen consecuencias como inhabilitaciones o restricciones para ocupar cargos públicos o para celebrar contratos con instancias de gobierno. En esos casos, los registros podrán ser visibles para consulta. El sistema también asentará sanciones derivadas de faltas administrativas no graves, aunque esas determinaciones no se publicarán. De igual forma, las sanciones de carácter penal no formarán parte de la información pública del sistema. En ambos supuestos, el registro quedará en la base de datos para fines de seguimiento y para atender posibles reincidencias, conforme a los criterios definidos para la operación del mecanismo. El Comité Coordinador determinó que deberán incorporarse al sistema las sanciones que hayan quedado firmes desde la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, siempre que los procedimientos se hayan tramitado conforme a esa normativa. Con lo anterior, el registro buscará homologar el universo de sanciones administrativas graves bajo el marco que rige el régimen de responsabilidades. Para la integración de los datos, el acuerdo prevé un periodo de hasta seis meses para que las autoridades responsables comiencen a cargar los registros correspondientes a partir de la entrada en vigor de la declaratoria. El objetivo es que las instituciones obligadas incorporen información con criterios comunes y en formatos compatibles con el sistema estatal. En ese proceso, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción tendrá a su cargo el diseño de mecanismos y protocolos para la captura y el envío de datos por parte de los sujetos obligados que lo requieran, con el fin de estandarizar la carga de información y reducir errores de registro. Además de esa función operativa, la Secretaría Ejecutiva será la instancia responsable de administrar la Plataforma Digital Estatal, coordinar el enlace con la Plataforma Digital Nacional y asegurar que el sistema opere con interoperabilidad y seguridad informática, condiciones que fueron señaladas como elementos necesarios para el funcionamiento del registro de servidores públicos y particulares sancionados.
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