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Xalapa, Ver.-
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilita a dos empresas para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la administración pública Federal, como resultado de la rescisión reiterada de contratos públicos. Se trata de Grupo Industrial Asad, S.A. de C.V. y Sistematización Itzcoatl, S.A. de C.V., a las que también se les impusieron sanciones económicas, de acuerdo con un comunicado. En el primer caso, la dependencia detall que a Grupo Industrial Asad se le aplicó una multa de 791 mil 980 pesos y una inhabilitación por un año con tres meses, debido a la rescisión de cuatro contratos en un periodo de cuatro meses y 20 días, lo cual es sancionable conforme a la ley. Los contratos rescindidos a esta empresa fueron celebrados con los Centros de Integración Juvenil, A.C.; el Colegio de la Frontera Sur; el Servicio de Administración Tributaria, y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Todos tenían como objeto la “Adquisición Consolidada de Vestuario, Uniformes, Calzado y Equipo de Protección para el Ejercicio Fiscal 2024”. En el caso de Sistematización Itzcoatl, S.A. de C.V., la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que se le impuso una multa de 701 mil 468 pesos y una inhabilitación por un año, tras la rescisión de dos contratos en un plazo de 13 meses y 18 días. Uno de ellos fue suscrito con los Servicios de Salud del IMSS-Bienestar para la adquisición sectorizada de ropa quirúrgica y hospitalaria correspondiente al ejercicio fiscal 2023, y otro con el Colegio de la Frontera Sur para la adquisición consolidada de vestuario y equipo de protección en 2024. La dependencia detalla que las notificaciones de las sanciones se realizaron el 30 de enero de 2026 y que este martes fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, ambas empresas ya fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México. La Secretaría destaca que las medidas se emitieron conforme a la ley y bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. Añadió que las empresas tienen derecho a impugnar las resoluciones, pero advirtió que defenderá las sanciones “con firmeza”, al haber sido impuestas con apego a derecho y en protección del interés público.
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