|
|
Foto:
.
|
XALAPA.- Al emitir la Recomendación 79/2025, aceptada por la actual administración de la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDH) señaló que la Fiscalía intentó implicar a la madre de un joven desaparecido en el caso, mientras la investigación permanecía sin avances durante años. El organismo determinó que esa actuación, aunada a dilaciones prolongadas y omisiones en diligencias, constituyó victimización secundaria en perjuicio de los familiares de la persona desaparecida, identificada como V4, y evidenció una falta de investigación con debida diligencia desde el inicio del caso. De acuerdo con el documento, la omisión ministerial no fue esporádica ni circunstancial. “No fue aislada ni momentánea, sino continua”, refirió la Comisión, al advertir que, pese al paso de los años, los hechos no han sido esclarecidos ni se ha identificado a los responsables. El expediente analizado indica que la investigación se inició el 1 de septiembre de 2014, tras la denuncia presentada por la madre del desaparecido. En un periodo de 129 meses revisados, la CEDH documentó 67 meses de inactividad, equivalentes a 52 por ciento del tiempo total, sin avances sustanciales en la indagatoria. La recomendación estableció que, en lugar de que la Fiscalía impulsara de oficio la búsqueda y la investigación, la carga de promover diligencias recayó en los familiares, pese a que en casos de desaparición la actuación debe ser inmediata, continua y con sentido de urgencia. La investigación, aseguró, se fragmentó en el tiempo, con lapsos prolongados sin acciones verificables. La queja que dio origen al pronunciamiento fue presentada en julio de 2018. En ella, la madre denunció retrasos en diligencias básicas y errores en la obtención de información telefónica. Señaló que la Fiscalía solicitó la sábana de llamadas de una línea distinta y que la correspondiente a su hijo fue requerida tres años después de la desaparición. La Comisión corroboró que el número telefónico del desaparecido fue proporcionado a la autoridad desde octubre de 2014, pero la primera solicitud formal de datos se realizó hasta diciembre de 2016, es decir, 26 meses después. Subrayó que ese requerimiento se efectuó fuera del plazo ordinario de conservación de datos, estimado en 24 meses, lo que implicó la pérdida de información relevante para la investigación. El documento también consignó conductas que la CEDH calificó como revictimizantes. Entre ellas, la madre relató que un servidor público le insinuó que ella sabía o había participado en la desaparición de su hijo. Además, refirió exigencias de dinero para supuestas diligencias, como gastos de gasolina, sin que ello se reflejara en avances en la carpeta de investigación. Ante la falta de resultados institucionales, la familia se integró a un colectivo y participó en búsquedas en distintos puntos, mientras insistía ante la autoridad ministerial en la necesidad de reactivar la investigación. La Comisión consideró que estas circunstancias agravaron el daño, al trasladar a los familiares responsabilidades que corresponden al Estado. Con base en estos hallazgos, la CEDH instruyó a la Fiscalía a agotar las líneas de investigación razonables para esclarecer la desaparición, conforme a los protocolos vigentes y en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda. También ordenó abstenerse de cualquier acción u omisión que implique victimización secundaria contra los familiares. La Recomendación 79/2025 incluyó medidas de reparación integral, entre ellas el pago de una compensación a las víctimas indirectas, la vista al Órgano Interno de Control para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos involucrados y la capacitación del personal que intervino en la investigación, con énfasis en análisis de contexto y uso de prueba circunstancial, indiciaria y presuntiva. El pronunciamiento fue emitido el 1 de diciembre de 2025 y figura como aceptado por la Fiscalía General del Estado en el registro público de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. De acuerdo con lo informado por la fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, se trata de una de las tres recomendaciones que su administración decidió acatar, en contraste con periodos anteriores en los que estos pronunciamientos eran rechazados.
|
